LA TRANSICIÓN de España, después de un siglo de grave inestabilidad política y de una guerra civil (1936-1939), seguida de la Segunda Guerra Mundial, a un sistema constitucional aceptado por la inmensa mayoría de los españoles, que ha permitido un desarrollo económico y social sin precedentes, que nos sitúa entre los diez primeros países del mundo, es sin duda un acontecimiento de excepcional importancia y digno de ser continuado por las próximas generaciones. Sin duda, fue elemento decisivo la restauración de la monarquía parlamentaria, en la persona de don Juan Carlos I, que había de ratificar el acierto de sus decisiones con la decisiva intervención personal del Rey, el 23 de febrero de 1981, que impidió el retorno a los fracasos de nuestro lamentable siglo XIX. Por supuesto, algunas cosas habían comenzado a moverse desde antes. El sistema económico, de control reforzado durante la propia guerra civil y la subsiguiente guerra mundial, había dado paso a un sistema más abierto y más racional. El Concilio Vaticano II había sentado las bases para una apertura en el frente religioso. La Ley de Prensa de 1966 permitió una progresiva ampliación de los términos de disciplina política. La elección por sufragio directo del llamado tercio familiar de los municipios (que yo promoví desde un importante congreso sobre la familia) había permitido experimentar sobre las posibilidades de un sufragio directo a todos los cabezas de familia. No fue posible, por el contrario, avanzar suficientemente en otras reformas políticas, simplemente en el terreno clave de la libertad de asociación política, y el intento de reformar las leyes fundamentales no logró el éxito deseado. Así las cosas, el primer Gobierno de la Monarquía pudo avanzar (desde el Ministerio de la Gobernación, que yo ocupaba) en dos leyes impecables sobre los derechos de reunión y asociación política. Logrado esto, el Rey tuvo el valor de acometer la reforma en torno a nuevas personalidades; abriendo la primera operación constitucional basada en dos cámaras (Congreso y Senado) y que acometió, con un especial acierto con la ponencia constitucional del Congreso (de la que me honré en formar parte), un proyecto constitucional que, pasado por los filtros de la Comisión Constitucional y el Pleno del Congreso, luego en el Senado (en el que había un jerárquico, pero importante núcleo de personas nombradas por el propio Rey) y finalmente por una comisión mixta de ambas cámaras, produjo la Constitución vigente. La Constitución se logró en la Monarquía parlamentaria; con sistema bicameral, en el cual se sigue repitiendo la necesidad de reformarla y reforzar al Senado, como cámara de representación territorial; una justicia plenamente independiente, más un Tribunal Constitucional. Una nación única e indivisible, España, compatible con la autonomía de sus nacionalidades históricas y regionales, así como la de sus provincias y municipios. Se han propuesto reformas constitucionales, pero siempre a partir de lo ya establecido. Lo cierto es que el principal defecto del sistema es la dificultad para crear mayorías sólidas y racionales, debiendo de suprimirse la obligatoriedad de un sistema proporcional, y primando a los partidos más votados. En todo caso, lo mismo el Rey que los grupos que apoyaban la reforma, que los que llegaron con otras ideas y plataformas aceptaron lo dicho por la inestabilidad y debilidad de nuestras dos malogradas Repúblicas, y los equipos que él designó han merecido bien de la patria. Es una lástima que por la falta de salud del principal encargado de manejar estos procesos, el señor Suárez, no pueda celebrarlo. En todo caso, cabe decir que España ha superado un momento delicado de su historia, y ahora se trata de continuarlos, y no de volver a empezar. La historia produce siempre cambios difíciles de prever, pero las bases sentadas son sólidas y realistas.