LA DÉBIL esperanza que pudiera existir después del atentado de Barajas ha quedado extinguida por el anuncio de ETA. No caben ya ambigüedades, ni gestos que puedan interpretarse como guiños conciliadores. Nos encontramos ante una nueva encrucijada. Es momento para el análisis sereno de cómo se ha llegado hasta aquí. No es razonable hurgar en lo que ha sido un fracaso. Tampoco cubrirlo con el manto de la buena voluntad de servir los intereses del país, que no se debe negar. Se precisa claridad en el diagnóstico. Dejar a un lado la cantinela de reproches mutuos. El asunto ETA ha ocupado un lugar preferente en la acción política del presidente del Gobierno, no sólo de la oposición. Terminar con esa lacra de nuestro Estado de derecho es un objetivo unánimemente compartido, con efectos positivos en una confrontación electoral. No era la primera vez que se intentaba. Los fracasos anteriores orientaron la política en otra dirección. Su eficacia en el debilitamiento de ETA es opinión ampliamente compartida. Se cambió la línea con apoyo mayoritario del Parlamento. El propio presidente declaró con cierta solemnidad que se daban las circunstancias propicias para iniciar un esperanzado «proceso de paz». El Partido Popular no respaldó esa iniciativa. También a su dirigente habrá que admitirle su buena voluntad de servir al país. Está por demostrar qué incidencia tuvo la actitud del PP en el fracaso de la iniciativa. No fue determinante en la deriva del «proceso», ni es ahora el ungüento amarillo para reconducirlo. La importancia que se atribuye al PP reside en su sintonía, en esta materia, con una parte de la sociedad, que puede llegar a ser mayoritaria. Bajo esa luz habrán de leerse comportamientos del Gobierno, de los que es paradigmático lo acaecido con la ejecución de la condena del etarra De Juana Chaos. Como también la impugnación de sólo algunas de las listas electorales. A la sociedad se transmitía firmeza; a los aberzales, flexibilidad. Parece no haber satisfecho a unos y a otros. El Gobierno necesita cambiar su política, aunque no se sienta obligado a rectificar. Es una cuestión de hecho. Tampoco la oposición ha de empeñarse en pedir que lo reconozca formalmente. La ilegalización de ANV que se solicita es problemática en cuanto a su posibilidad. Quizá no deba ser una condición previa para el diálogo. La situación actual inclina a considerar, sin embargo, que la defensa del Estado ante el Tribunal Supremo pudo ser más ambiciosa. Tampoco debería condicionar la relación entre Gobierno y oposición reeditar, sin más, el pacto por las libertades y contra el terrorismo, firmado sólo por el PSOE y el PP. Es preciso deslindar con claridad nacionalismo y terrorismo y dar cabida a quienes no quieran excluirse en la manida unidad de los demócratas. El irenismo respirado estos años se ha evaporado. Vuelta a empezar. ¿Estamos donde estábamos? ¿Se ha perdido tiempo? Es hora de la visión de Estado en los protagonistas, sin ocultar en vano la realidad.