LA ASAMBLEA General, en su resolución 60/251, estableció el año pasado el Consejo de Derechos Humanos que se acaba de reunir en su cuarta sesión para tratar del genocidio de Darfur (200.000 muertos y dos millones de refugiados en Chad), para decidir una línea de acción humanitaria que detenga esta masacre a la que asiste impertérrita la comunidad internacional. El mal ya está hecho, pero si el nuevo organismo de la ONU busca una misión, ahí la tiene. Por lo pronto no se sabe qué van a hacer para obligar al Gobierno de Sudán a imponerse a las milicias rebeldes responsables de masacrar a la población. La UE y EE.?UU. han presionado al régimen de Jartum, pero con pocos resultados. Ahora se están pidiendo medidas de mayor fuerza, como la intervención de las cuentas en paraísos fiscales de las empresas sudanesas que son la pantalla para financiar las milicias. También se propone que el Tribunal Penal Internacional acuse a los ministros contra quienes se han presentado pruebas exhaustivas por crímenes de guerra y contra la humanidad. La implicación gubernamental en el genocidio es tan clara que ha llevado al presidente sudanés Omar Bashir a escribir una carta al nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recordándole que no autoriza el despliegue en Darfur de una fuerza de la Unión Africana para restablecer el orden en apoyo de la población masacrada. Así pues, la situación en Darfur es ya insostenible; el propio Chris Patten, ex comisario europeo de Relaciones Exteriores, propone sanciones más duras a Sudán que pueden llegar al bloqueo político, financiero y militar del régimen sudanés. Algo parecido a lo que se hizo con Irak en tiempos de Sadam. Y Sudán también es un país petrolero...