ESA pregunta, que nunca debería plantearse en un Estado basado en el principio de la separación de los poderes, ronda hoy la conciencia de millones de españoles. Y es que, por razones que sólo el presidente del Gobierno y sus más fieles colaboradores podrían aclarar, pero que muchos sospechamos tienen que ver con lo que sea que Zapatero y ETA-Batasuna siguen negociando, lo cierto es que existen fundadísimas sospechas de que Otegi se ha beneficiado de lo que materialmente, aunque no por supuesto formalmente, podría considerarse una especie de absolución gubernativa. El asunto no es difícil de entender: el Gobierno habría indicado al fiscal del Estado que retire los cargos contra Otegi y aquél habría hecho lo propio con el fiscal de la Audiencia Nacional, con el resultado conocido: que el tribunal absuelve a quien, según la ley, no puede ya juzgar. El Gobierno proclama que todo es normal, y es verdad que podría serlo si no existiesen serios indicios de que estamos ante una decisión política tomada al servicio de una estrategia inconfesada y, por lo que se va viendo, inconfesable. Dos de esos indicios destacan de entre todos lo demás. El primero, que la sorprendente y sorpresiva decisión del fiscal de la Audiencia Nacional ha sido el episodio final de un rifirrafe en el que el fiscal del Estado -y el Gobierno al que se debe- intentaron primero aplazar el juicio contra Otegi, supuestamente para no interferir en el próximo proceso electoral, de modo que sólo cuando el aplazamiento se frustró, recurrieron a retirar la acusación. Ese era su plan B, y no, como afirman Conde-Pumpido y Zapatero, una exigencia derivada del cumplimiento de la ley. De hecho, el segundo de los indicios poderosos que confirman la sospecha de una absolución (material) gubernativa es que parece increíble sostener que la actuación de Otegi en el homenaje a una etarra muerta por el estallido de la bomba que pretendía colocar -lugar donde afirmó que «es esta generación del Estatuto la que hoy combate con las armas en la mano por la independencia de este país»- no baste para pedir una condena por enaltecer el terrorismo. Así lo ha confirmado, en un episodio sin precedentes, el propio tribunal encargado de juzgar a Arnaldo Otegi, que entiende que existía contra él «prueba de cargo directa, objetiva y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia» que amparaba al acusado. Es decir, para haberlo condenado. Tras un pronunciamiento de esa gravedad, el fiscal del Estado y el Gobierno han quedado al descubierto. Poca gente entenderá que vuelvan a esconderse tras sus habituales juegos de palabras.