DESPUÉS de la paliza político-judicial-mediática a que se nos ha sometido a los ciudadanos en las últimas semanas, en la víspera de san Valentín no han sido las flechas del amor, sino los dardos de lo obvio los que se han cruzado en el espacio. Pérez Rubalcaba, miembro de un Gobierno que no nos ha explicado casi nada de lo que se supone ha hecho y tiene programado con respecto al mundo de ETA, ha puesto de manifiesto que, en relación con el futuro de Ignacio de Juana Chaos, debemos estar tranquilos: «Todas nuestras actuaciones con respecto a él se atendrán escrupulosamente a derecho». No cabía esperar otra cosa y, de esperarlo, supongo que no nos lo iban a decir. Desde el Consejo General del Poder Judicial también nos aseguran que aunque estemos sorprendidos por las distintas respuestas, tan diferentes entre sí, que se han dado en los tribunales sobre la situación del etarra, todo se ha hecho dentro de la ley, así actúa siempre la Justicia. Para que no preguntemos más, el portavoz del Consejo nos dice que la sentencia de la Audiencia Nacional no es desproporcionada, sino que es una cuestión de derecho, difícil de explicar. Ahora han cambiado de ojos la venda y no tapa los de la Justicia, por lo visto, sino los de la ciudadanía: también las decisiones de los tribunales precisan de la fe del carbonero, según el portavoz pendiente de renovación del poder judicial. El colmo de la obviedad viene dado por el Ejecutivo vasco, que considera necesario que el Gobierno de Zapatero resuelva, a partir de la sentencia del Supremo, lo que ellos mismos organizaron: lo que devino en sentencia de la Audiencia Nacional. La señora Azcárate ha recordado desde Vitoria que fue el anterior ministro de Justicia quien anunció que se construirían nuevas imputaciones para que De Juana no saliera de prisión. Tanto o más obvio que ese razonamiento es que el ministro, que cometió un error de cese fulminante, se ha ido de rositas a probar fortuna electoral a otro lugar.