HACE justamente cuatro años, el Gobierno Aznar aprobaba, en un Consejo de Ministros celebrado en A Coruña, el Plan Galicia, cuya declarada finalidad era propiciar la reactivación económica tras la catástrofe del Prestige . De los 12.500 millones de euros que el Ejecutivo prometió destinar a Galicia, más de 7.000 millones correspondían a inversiones que ya se estaban realizando o que estaban comprometidas en la programación plurianual del Gobierno. Con tales previsiones, Galicia hubiese recibido entre el 3,5 y el 4% de las inversiones anuales del Estado y habría seguido en los últimos lugares de España en lo que a inversión pública por habitante se refiere. De los 5.000 millones restantes comprometidos por el Gobierno, la mayoría estaban destinados a proyectos que necesitan un largo período de maduración y, por tanto, irrealizables a medio plazo. Por eso, aunque el Gobierno de Zapatero ha incrementado sensiblemente la inversión pública en Galicia, las obras marchan con un inadmisible retraso y, como sostiene Pablo González, los plazos del Plan Galicia han dejado de ser una referencia realista para fiscalizar el desarrollo de los proyectos comprometidos. Un caso paradigmático es la red básica del AVE. Nadie sabe cuándo estará terminada -desde luego, no antes del 2015- y tampoco se conoce si el enlace de las capitales gallegas con el resto de España se hará en alta velocidad o a través de un extraño híbrido, ya que el tramo Lubián-Ourense no parece que vaya a cumplir las condiciones exigidas por el AVE en radios de curva, pendientes o secciones de túneles. Los ciudadanos pueden entender los retrasos que se producen como consecuencia de los inexcusables trámites administrativos, pero no aquéllos que derivan de la negligencia, la desidia o la desatención presupuestaria. Sería, pues, conveniente que el Gobierno aclarase todas las dudas.