LA CRECIENTE inestabilidad de nuestro modelo territorial preocupa también fuera de España. Lo he podido comprobar estos días en el St. Antony's College de la Universidad de Oxford, durante una conferencia dedicada a la integración europea y a la desintegración de los Estados miembros. El caso español es visto con mucho interés por alemanes, belgas, británicos, todos ellos inmersos en procesos de nuevo reparto de competencias en sentido vertical, por razones tanto de identidad como de eficiencia económica. En ninguno de estos países, sin embargo, la situación es tan inestable y centrífuga y ha cambiado tan rápido como en el nuestro. Muchos europeos contemplan con asombro la puja al alza de competencias desatada por el nuevo Estatuto catalán y la progresiva creación de diecisiete sujetos políticos casi constituyentes en España, empeñados en blindar y separar sus competencias frente a un disminuido Estado y en condicionar sus decisiones presupuestarias sin importarles el resto del país, ni tampoco el marco de la Unión Europea. La confederación a la que se tiende es un tipo de asociación efímera, dadas las enormes diferencias entre comunidades prósperas y menos prósperas, grandes y pequeñas y con identidad fuerte y sin ella. La conferencia política organizada por el Partido Popular estos días pasados ha intentado aportar cordura a este descontrolado proceso y ha propuesto catorce medidas concretas para conseguir un Estado viable y eficaz. No obstante, a pesar de que el PP es el único partido que queda con una visión de conjunto del Estado, en su seno conviven dos sensibilidades distintas en temas territoriales. La primera es minimalista y astuta. Está orientada a salvar los muebles y optimizar la posición del PP en el actual contexto de reformas estatutarias. En el fondo, más que impugnar la obra legislativa de Zapatero en materia territorial, prepara al centro-derecha a adaptarse a ella en un futuro, mezclando una cierta resignación con la protección de los intereses políticos autonómicos y locales del partido a corto plazo. La segunda orientación dentro del PP es del mismo calado político que la enmienda a la totalidad de Mariano Rajoy a la política de negociación con ETA. Esta sensibilidad rechaza en serio la debilitación progresiva del Estado y aspira a reconstruirlo, podando si es necesario los nuevos Estatutos de autonomía que imitan el modelo catalán, con independencia del pronunciamientos futuros del Tribunal Constitucional sobre límites constitucionales. Busca asegurar un núcleo estable de competencias estatales, que no pueda ser transferido, toma nota de la radicalización de los nacionalismos periféricos y tiende la mano a un futuro PSOE derrotado en las urnas para pactar una reforma constitucional que mantenga el espíritu de la Constitución de 1978 y mejore las deficiencias advertidas en el desarrollo durante estos últimos treinta años de su sistema territorial. Sin duda, esta segunda orientación del PP tiene más sentido histórico. A medio plazo es el modo de conseguir que la descentralización autonómica en España, necesaria y exitosa en muchos ámbitos, vuelva a ser plenamente compatible con la integración del país. Otro asunto es que para que prevalezca esta segunda sensibilidad haya que tener en cuenta la definición de Cánovas sobre la política, el arte de realizar en cada momento la parte del ideal que permiten las circunstancias.