LA RELACIÓN entre necesidades de inversión pública y tamaño de la población no es proporcional. Si una ciudad tiene el doble de habitantes que otra, no necesariamente necesitará el doble de inversión pública para disfrutar de idéntica calidad de vida. Un ejemplo: mientras que en la de menos habitantes hará falta un hospital, la más poblada no requerirá dos; probablemente bastará con construir uno mayor, más caro que el de la otra ciudad, pero menos costoso que dos pequeños. Nótese que no hablamos aquí de las nóminas de médicos o profesores, ni de gasto en medicamentos o de gasoil para calefacción: eso no es inversión pública, es gasto público corriente anual. Y aún en este caso es improbable que esas necesidades crezcan a una escala proporcional con la población. Otro ejemplo notable lo proporcionan las infraestructuras de comunicaciones: carreteras, autovías, tendidos ferroviarios, oleoductos, líneas eléctricas, de fibra óptica, etcétera. También en estos casos una región con doble población que otra no tiene por qué necesitar el doble de kilómetros para garantizar la movilidad interior e interregional de los ciudadanos. Por ejemplo, ambas necesitarán tendidos ferroviarios similares, y bastaría con aumentar las frecuencias de los trenes en la región más poblada. Así que un mayor tamaño no requiere una inversión proporcionalmente mayor para garantizar una idéntica calidad de vida. Y al revés, un menor tamaño puede exigir una inversión no proporcionalmente menor. Observamos costes decrecientes por usuario en muchas partidas de inversión pública. Viene esto a cuento porque el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una Ley (el Estatuto de Andalucía) en la que se reconoce que la inversión pública se ajustará a su población (algo menos del 18% del total español). Como Galicia tiene la tercera parte (algo más del 6% del total español) de población, la pregunta para mí es obvia: ¿necesitan allí gastar -y construir- el triple de institutos, hospitales, kilómetros de autopistas, de líneas de AVE, etcétera, que aquí? Por los ejemplos revisados, es muy improbable que así sea. Claro que meses antes para Cataluña (que llega al 16% de la población española) el Congreso aprobó que se invertirá allí en función de su riqueza (casi el 19% de España) en los próximos años. Más de lo mismo: ¿necesitan el triple de inversión pública por contar con el triple de personas... más ricas? No me cabe ninguna duda de que en esto de la inversión pública, más que un criterio de necesidad o de igualar la calidad de vida, se está imponiendo el simple peso del tamaño y de los votos. Son estas muy poderosas razones a las que ya recomendé en esta columna ( El Estatuto de Autonomía y el 8% , el 26 de julio pasado) que debíamos anticiparnos. Aunque meses después asombra comprobar que por aquí sigamos sesteando, mientras otros (liderados por el presidente Zapatero) siguen adelante argumentando -eso sí- fraternidad, igualitarismo y nivelación.