EL INFORME del Congreso de los Diputados sobre el Prestige concuerda con el diagnóstico que hace nuestro Centro Superior de Investigaciones Científicas cuando sostiene que «la actual legislación internacional es inadecuada y pone en peligro los ecosistemas marinos de nuestras costas». Concretar esta realidad inadecuada me parece el mejor camino para que en el futuro un desastre similar pueda ser evitado. Así: Según el informe, la causa más probable del siniestro del buque tanque Prestige , el 13 de noviembre del 2002, fue su precario estado estructural derivado de un mantenimiento deficiente. En consecuencia, para el informe habría que corregir la «lógica de mercado», en la que, como consecuencia del bajo precio del fuel y aceites pesados y de la menor expectativa de obtención de beneficios, los diferentes agentes económicos que intervienen en su comercialización tratan de reducir costes recurriendo al flete de los buques más económicos para su transporte. Lo anterior implica que los buques que ofrecen un menor nivel de precio por flete se caracterizan por una considerable antigüedad, encontrarse abanderados en pabellones de conveniencia y disponer de tripulaciones insuficientemente experimentadas... Para corregir esa lógica, el informe del Congreso sostiene que se debe instar a la Comisión Europea a reconsiderar cuanto antes la exclusión del tráfico de hidrocarburos de la directiva sobre responsabilidad ambiental en la Unión, exclusión que se basa justamente en suponer eficiente el sistema actual (Fidac). Nuestros diputados acordaron que es necesario promover ante la Unión Europea que, en el plazo de un año, dicte normas que no limiten la responsabilidad civil de los propietarios de los buques que incurran en daños por contaminación marina... y que en la aplicación del principio «el que contamina paga», el pago debe coincidir con el coste real de los daños producidos. En términos paliativos, los gastos generados no deben ser financiados por los presupuestos públicos, como ha ocurrido en el caso del Prestige , sino que deben ser soportados por las compañías aseguradoras o por el patrimonio del contaminador. Clarividente análisis (extraído literalmente del Boletín Oficial de las Cortes Generales del 5-7-2006, n.º 415) y propuestas que, por serlo, no va a ser nada fácil que se abran camino -y ya van cuatro años- en la espesa jungla legal y de grupos de presión que gestionan el transporte mundial de hidrocarburos. Jungla experta en convertir estos informes en papel mojado. Asumir aquí y ahora la exclusión del transporte de hidrocarburos, como sucede en el actual proyecto de Ley del Gobierno sobre Responsabilidad Ambiental en España, es una preocupante señal justo en esa dirección.