NUEVO punto de fricción entre la Xunta y el Gobierno municipal de Vigo, popular. Como tantas otras veces, en las decisiones políticas, aquí se trata más de saber a quiénes se va a perjudicar -al menos teóricamente- y no aquellos que resultarán favorecidos. Ubicar una depuradora se ha demostrado harto complicado. En Vigo casi todo lo es, y los habitantes de Bouzas, con su movilización, convencieron a la Corporación de Porro de que allí no podría instalarla. Determinar el lugar ha sido la encomienda envenenada que la Xunta le ha puesto como deber a la militante del PP con más poder en Galicia. Con reflejos políticos, ella ha regateado a los adversarios y ha sacado un conejo de la chistera: ir a una fórmula comarcal, instalar una depuradora para media docena de ayuntamientos y llevarla a unos 30 kilómetros de Vigo, que se convertirían en más de 40 kilómetros de costosa tubería para trasladar el agua y todo lo adherido a la hermosa zona de Cabo Silleiro. Nadie puede decir que el grupo popular vigués no ha cumplido, pero todos podemos clamar: qué listos, que le han echado el problema a otros. En Baiona de inmediato han rechazado el envío envenenado. El asunto de la depuración tardará en solucionarse, pero las complicaciones ya están servidas. Según las administren los políticos, las bofetadas caerán a un lado o a otro. Lo cierto es que el singular enclave no fue negociado previamente con la Xunta, lo que denota una desconfianza no sé si justificada; ni siquiera con los ayuntamientos afectados. A estas alturas lo único que queda claro es que los vecinos tenemos un grave déficit de saneamiento y que Corina Porro se ha quitado un problema de encima -por ahora-, y podrá pedir votos en todos los barrios de Vigo. A ninguno le planta la depuradora a la puerta de su casa, y en Baiona ella, presumiblemente, no se presentará. ¿Qué rejonazo con premeditación y alevosía esperarán recibir no de Vigo, sino de este gobierno municipal, los otros concellos de la futura Área Metropolitana?