HOY SE cumplen siete días del comienzo del inesperado estallido flamígero de Galicia. ¿Estamos mejor o peor? Datos abrumadores certifican que la catástrofe dista mucho de estar bajo control. Los primeros balances son tétricos. Al igual que pasaba con el fuel del Prestige, no se facilitan datos oficiales día a día del número de hectáreas quemadas (se esgrimen razones técnicas), pero fuentes internas de la lucha contra el fuego calculan que sólo en Pontevedra ya ha ardido el 9% de la superficie total de la provincia, lo que equivaldría a 65.000 campos de fútbol. Ayer tarde Galicia padecía 122 incendios, 71 de ellos ingobernados, y el fuego subía hasta la Costa da Morte y Ferrolterra. La autopista AP-9 se cortó un día más, y también la vía del Barbanza. El parque natural de A Illa de Arousa lo salvaron cubo a cubo unos vecinos con arrestos (¿cómo llegó el fuego a la isla? Pues porque algún cafre lo prendió, claro). Y ya se apunta el primer balance de pérdidas económicas: según una investigación de Manuel Sola y Manoli Sío, Galicia puede haber quemado en una semana 130.000 millones de las viejas pesetas. En cualquier sitio del mundo un panorama así tiene un nombre: catástrofe. Y cuando un país sufre una hecatombe de tal calibre, se declara el estado de emergencia y se toman medidas contundentes. El reto es complicadísimo: parar una ola de incendios provocados en plena canícula, bajo un nordés implacable y con humedad cero. Toca realismo: el envite excede de largo las posibilidades de la Xunta y de los gallegos de a pie, que se están jugando el tipo en cada corredoira. Hace falta (hacía desde el principio) una acción desniveladora del Estado. Pero no ha llegado: el presidente se marchó con la promesa de una grupo de élite de ingenieros del Ejército. Un buen detallito... frente a una enormidad. Galicia ya sólo espera la lluvia. Y con ella un segundo drama: la ceniza que contaminará ríos y playas.