AY DEL pueblo que desconozca los pilares económicos que sostienen su vida y la posibilidad de dignidad. Quedará a merced de los vendedores de ilusiones. Si mañana mismo Galicia se declarara como nueva nación de pleno derecho, como pueblo independiente, entraría inmediatamente en quiebra. No se trata de una declaración altisonante, alarmista o tremendista; es mera constatación contable del significado de los datos económicos de esta tierra. Así de simple. Somos una comunidad económicamente deficitaria, que importamos más de lo que exportamos al resto de España. A este déficit se le suma un ligero desajuste en la balanza internacional. Vivimos, pues, por encima de nuestra eficiencia económica, pero vivimos sin que aparentemente pase nada. Y esto es así porque pertenecemos a una entidad mayor, España, que se rige por una Constitución que funciona con criterios de solidaridad económica objetiva y de redistribución territorial. Gracias a ella, y a las instituciones y mecanismos derivados, recibimos fondos decisivos para el equilibrio del sistema de Bienestar y Seguridad Social, así como para el funcionamiento y actividad de fomento de nuestras instituciones autonómicas. Sin este respaldo, si todas las comunidades autónomas se declararan independientes, iríamos a la suspensión de pagos colectiva. Fuera del marco económico común, Cataluña, Madrid y Valencia tendrían muchos más recursos internos, los que ahora ceden a otras comunidades. Algunas otras no perderían ni ganarían mucho. Pero habría las que como Extremadura, Asturias, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la que nos concierne más específicamente, Galicia, que perderían el enorme caudal de las distintas transferencias públicas del fondo común. Ante la tenacidad de estos hechos, sorprende que un partido como el PSOE haya aceptado la ruptura del modelo económico de la Constitución y que el presidente Zapatero haya procedido a pactos bilaterales con las comunidades más ricas, concediéndoles menores aportaciones a la solidaridad general. Lo mismo puede decirse de IU. También sorprende el caso del nacionalismo gallego; resulta explicable que los nacionalistas catalanes y los vascos adopten las políticas de la llamada España plural porque ellos defienden el particularismo de las comunidades más prósperas. Pero que lo hagan los nuestros, roza la simple incompetencia. Pero ante ellos, cualquier oposición, política o profesional, lo tiene muy difícil, porque esta sorprendente izquierda considera que la exposición de los hechos objetivos y la defensa de criterios constitucionales es partidismo y subordinación a intereses sectarios. Y atacan a los mensajeros que obligan a bajar a tierra las nubes del galleguismo mágico. Pero este pueblo se merece la verdad; lo que puede pasar es muy grave, y con las cosas de comer no se juega.