CARLOS G. REIGOSA
18 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.ES posible que el atestado de la policía en el caso de los cinco atracadores sorprendidos cuando intentaban robar un banco en Madrid tuviese «serias deficiencias», como dijo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Pero ¿era tan deficiente como para que la jueza de guardia y la fiscala dejasen en libertad a unos delincuentes pillados in fraganti y con antecedentes como autores de otros quince atracos bancarios? Ha dicho Conde-Pumpido que se ha tenido que hacer «un esfuerzo interpretativo para forzar la prisión de los atracadores». Cuesta tomárselo en serio. ¿Ha pensado en el esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos para superar la alarma que esas decisiones nos inyectan en vena? Es inaceptable lo que ha ocurrido, y es igualmente inaceptable que policías y juristas se echen los trastos a la cabeza, para desesperación del sufrido contribuyente, que espera de ellos lo contrario: que se coordinen y colaboren en busca de la mayor eficacia, tan necesaria si queremos frenar una delincuencia internacional en auge en España. Ellos lo saben mejor que nadie. Y tienen que darnos la seguridad de que están juntos y en el mismo frente. El de la defensa del orden, la justicia y las libertades ciudadanas. Lo contrario sólo engorda la alarma social.