SI SE lee al catecismo ad pedem litterae, y se acepta que el uso del preservativo es pecado, que el aborto es un crimen y que no cumplir con el precepto dominical es una falta grave, se concluye de forma apodíctica que nadie, ni siquiera Teresa de Calcuta, se ha librado del infierno. Pero el pueblo cristiano sabe muy bien que eso no es así, que las leyes hay que saber leerlas, y que no está demostrado que nadie haya entrado en el infierno -ni siquiera Hitler- después de Satanás. Pues a la ley de los hombres le pasa lo mismo. Si nos ponemos a mirar lo que cabe y lo que no cabe en el Estado de derecho, y si hacemos una rígida traslación de la ley a la vida, acabaríamos multando a la Guardia Civil de Tráfico por incumplir el código de la circulación, emplumando a los jueces por enredar políticamente con los procesos, llenando las cárceles de trapicheros, retirándole el carné de conducir a todo el mundo y emplumando a millones de ciudadanos por fraude fiscal. Pero la vida tiene mejores pautas para el gobierno de las cosas, y a nadie se le ocurre denunciar al chófer del rey cuando nos adelanta a 180 kilómetros por hora en una autopista. La Santa Transición -que así se llamará, al paso que vamos, la muerte del franquismo- salió adelante porque nadie quiso revisar la Guerra Civil ni los crímenes de la dictadura, porque los jueces del TOP no fueron expulsados de la carrera judicial, porque los torturadores de la brigada social ascendieron a comisarios al servicio de la democracia, porque nadie exigió que se revisase la legitimidad de la monarquía ni la forma del Estado, y porque durante varios años se renunció a aplicar ciertas leyes del franquismo que estaban vigentes y que, en caso de ser aplicadas, podían dar al traste con el proceso que nos estaba conduciendo a la democracia. Por eso no entiendo que en este bendito país, que tanto sabe de leyes y de vida, y que conjuga y equilibra ambas cosas con maestría infinita, esté surgiendo con tanta fuerza la secta de los vigilantes de la ortodoxia y el rigor legal. Se trata de verdaderos inquisidores privados que, un día tras otro y en cada paso que damos, nos vienen a recordar que, si se cumple la ley en su estricta literalidad -o si aplicamos el Estado de derecho (sic)-, es imposible ir al cielo, transigir en los conflictos sociales y políticos, moderar con criterios sociológicos el peso de la ley, o mantener en el bolsillo el carné de conducir. Mariano Rajoy lo dice todos los días: «Lo que hace falta es actuar con decencia y sentido común». Lo dice, claro está, pero no lo aplica. Porque toda su fe se agota en el Estado de derecho, sin dejar sitio para una concepción inteligente de la sociedad y de la vida.