EL ETERNO debate entre aquéllos que defienden el consumo racional y moderado de energía y los que apuestan por un aumento productivo capaz de atender una demanda cada vez mayor, se enfrentan, de forma contrapuesta, a la cruda realidad sobre la limitación de los recursos naturales disponibles. Por si fuera poco complicada esta discusión entre la parte de la sociedad que apoya el desarrollo sostenible con la que defiende el beneficio económico sobre cualquier consideración ecológica o medioambiental, ahora añadimos el complejo ingrediente de la identificación nacional de los recursos naturales. Cuestión ésta ya en la palestra desde hace cierto tiempo, pero que ha recobrado vigor con las última y polémica nacionalización boliviana, si bien justa y razonable en el fondo, no en la forma, por la grave inseguridad jurídica que ha provocado en las empresas inversoras extranjeras. Más allá del tipo de uso y explotación, el control de los recursos energéticos se ha transformado en una cuestión de trascendencia por ser fuente de ingresos para las regiones productoras. En Galicia no tenemos ni gas ni petróleo como Bolivia, pero sí producimos el 12,5% de la energía eléctrica total del Estado español, de la que exportamos un 40%, tal y como determinó el Instituto Energético de Galicia para el 2003. Según la información de la Red Eléctrica de España, en el 2004 Galicia era el tercer productor de electricidad de origen hidráulico, sólo por debajo de Aragón y Castilla y León, y el primero en energía eólica. Si sólo atendemos al origen hidráulico y eólico de la electricidad, es evidente que las empresas dueñas de los centros productores reparten dividendos desde sus centrales de Madrid sin que éstos repercutan en Galicia. Tal y como está estructurada la distribución a través de la Red Eléctrica de España, es imposible exigir que los beneficios se repartan más allá de la interpretación empresarial. A pesar de ello, y del régimen de concesiones, no parece irracional establecer una fórmula a partir de los megavatios producidos y exportados para obtener, al menos, fondos que puedan invertirse en la recuperación de los ecosistemas, nuestros recursos naturales, dañados para obtener energía.