EL ESTATUTO catalán está prácticamente terminado. No parece que haya vuelta atrás. El tramo que queda por seguir en las Cortes Generales, antes de someterlo a referéndum del pueblo catalán, no ofrece dificultades apreciables. La importancia de esta norma requerirá un análisis pormenorizado. Ahora me importa subrayar algo de su significación en el marco general del Estado de las autonomías, echando una ojeada a lo que ha sido su evolución. La disposición transitoria segunda de la Constitución, que se refería implícita, pero claramente, al País Vasco, Cataluña y Galicia, venía a proporcionar, bajo su apariencia formal, el fundamento para que esas Comunidades entendieran que reflejaban sus respectivos hechos diferenciales. Se completaba en los casos vasco y navarro en la disposición adicional primera relativa a derechos históricos. La distinción entre nacionalidades y regiones, no concretada, prestaba también un cierto reforzamiento del hecho diferencial, aunque pronto quedaría desvirtuado en parte. Su difuminación se produciría como consecuencia de la generalización del proceso autonómico y de su homogeneización en cuanto a las instituciones y las competencias. Creyeron sus impulsores -UCD de Calvo Sotelo, socialistas y populares-, respaldados por una sólida corriente doctrinal, que se habían acabado los problemas reivindicatorios de hechos diferenciales. La coyuntura política de la presente legislatura ha proporcionado la oportunidad de reverdecer viejas y mantenidas aspiraciones. El Estatuto de Cataluña consigue el reconocimiento perseguido. No se ha incluido en el articulado que Cataluña es una nación, pero en el preámbulo se dice que la Constitución Española reconoce la realidad nacional de Cataluña, declarada en su Parlamento, como una nacionalidad. De momento es una punta de lanza que no ha sido seguida por el Estatuto valenciano, que por algunos se quiere presentar como modelo para la reforma de los restantes. Se coadyuvaría, de ese modo, a mantener la diferenciación entre unos estatutos y otros, como se pretendió hacer con el de Galicia, y que los protagonistas de entonces conseguimos impedir. Comprendo la contrariedad que para los defensores a ultranza de la generalización homogeneizadora de las autonomías supone el Estatuto aprobado, en el que existen cosas importantes que no se refieren al hecho diferencial de la comunidad, sino a la desigualdad injustificada y a la solidaridad o al privilegio, que no comparto. Ocasión habrá de razonarlas. Pero aquellos adalides han de admitir que deben pechar con consecuencias no queridas, pero que esperaban la ocasión que se ha presentado con la minoría del Gobierno y el cambio de lo que fue la posición tradicional del PSOE. No ha de reprocharse a los nacionalistas haber aprovechado la oportunidad. No han engañado acerca de sus pretensiones y me refiero fundamentalmente a CiU, partido mayoritario en Cataluña, que gobernó allí con Pujol hasta la presente legislatura ayudando a la gobernación del Estado. El muelle comprimido por interpretaciones y actitudes poco amistosas, por no decir dialécticamente hostiles con el nacionalismo, ha saltado, probablemente más allá de lo que aquellas intentaron impedir. La situación actual, con un protagonismo reforzado de CiU, ha mostrado la capacidad de resistencia del nacionalismo catalán, imposible de entender sin un importante respaldo social. En esa conexión de dirigentes y ciudadanía está la clave de su éxito. Para aprovechar la circunstancia propicia hay que estar preparado. El proyecto de Estatuto ha estado respaldado por estudios concienzudos de las posibilidades de ampliar el autogobierno realizados a lo largo de años, que han servido para defender tenazmente los intereses propios. No ha sido una improvisación, ni un mero voluntarismo. Un ejemplo a seguir en este sálvese quién pueda.