LA OPA que la empresa alemana E.On pretende realizar sobre Endesa ha desatado un debate que va más allá de la idoneidad de una operación empresarial para entrar de lleno en el campo de la política. Quienes niegan al Gobierno español la posibilidad de intervenir en el proceso, o bien ignoran la realidad o simplemente han asumido que el poder económico globalizado escape al control de los gobiernos. Han interiorizado que la economía se ha emancipado de la política, y aceptan que el Estado se reduzca a garantizar la seguridad y a prestar algunos servicios a los ciudadanos -cada vez menos- porque las ideas privatizadoras ganan terreno a ojos vista. Es cierto que hoy, bajo el nombre de globalización, se está produciendo un impetuoso crecimiento de los procesos de concentración económica y financiera promovidos por poderes económicos de carácter global y origen no democrático que, proclamando urbi et orbe el triunfo del mercado, desbordan los límites del Estado nación, escapan a su regulación y control, imponen su ley y gobiernan el proceso mundial sin que existan poderes democráticos capaces de subordinarlos al interés general. El resultado no es otro que la marginación de la política y una crisis profunda de la democracia. Ello no obstante, los Estados y los poderes públicos en general tienen todavía un campo de acción política que no cabe subestimar. Nadie podría explicar la evolución y el crecimiento de las empresas alemanas -E.On entre ellas-, francesas, inglesas o españolas sin tener en cuenta su relación con el Estado. La propia Endesa o Telefónica son, en el caso español, ejemplos paradigmáticos. EE.?UU. subvenciona a Boeing con multimillonarios contratos militares adjudicados a dedo (23.000 millones de dólares desde 1993), en tanto que la UE no ha dudado en abrir sus arcas públicas a Airbus. Y la casuística sería casi infinita. ¿Cómo que los poderes públicos no pueden intervenir en los procesos económicos? Quienes niegan esa posibilidad niegan la esencia misma de la democracia. No se puede enunciar un teorema y pretender evitar los corolarios. El proceso globalizador, sin control democrático, está produciendo un crecimiento espectacular de las desigualdades. Se hace, pues, más necesario que nunca recuperar la centralidad de la política para establecer una regulación eficaz del mercado, del mismo modo que el Estado tuvo que intervenir para corregir los estragos que generaba el capitalismo industrial. ¿Quién debe gobernar el proceso económico mundial? ¿La leyes de un mercado sin control alguno, apoyado por organizaciones internacionales a su servicio -OMC, FMI, BM-, o los poderes políticos democráticos, que respondiendo al interés general deben globalizar y democratizar la riqueza y el bienestar como garantía de la expansión de la libertad y la seguridad para todos? Dicho en otras palabras, aceptamos el vaciamiento de la democracia o profundizamos en ella en todos los ámbitos. Porque, entre otras muchas cosas, la opa de marras también nos plantea ese dilema.