EL GOBIERNO acaba de aprobar un anteproyecto de ley que regula el impuesto sobre la renta personal (IRPF). Una promesa electoral que los partidos de la oposición y otras fuerzas sociales criticaron con rapidez. Los primeros dicen que la reforma no promueve el ahorro ni ayuda al pequeño empresario; tampoco simplifica el impuesto ni lo reduce de forma significativa. Las segundas muestran su decepción ante una cultura extensiva y continuista de menor fiscalidad, cuando a su vez se promete y defiende el sector público y el Estado del bienestar. Somos un país que ocupa los últimos lugares en el ránking de presión fiscal del espacio europeo (UE-15). Los equilibrios del Estado son importantes, pero la suficiencia financiera del proyecto político, también. En todo caso, ya nos contentaríamos si la actual reforma del IRPF mejorase al menos la equidad en la distribución de la carga tributaria. Con las cautelas que exige disponer de información apresurada y escasa, consideramos positivo que se aumente el gravamen sobre las plusvalías (del 15 al 18%) y que se minoren los beneficios fiscales de los planes de pensiones. Ambas decisiones mejoran la justicia del impuesto, aunque la medida se califique de forma aséptica e interesada como una subida impositiva sobre el ahorro. Ciertos alivios sobre las rentas del trabajo también mejoran la equidad, así como trasladar las deducciones por hijos a la cuota del impuesto; practicar estas reducciones en la base -como sucede en la actualidad- genera un trato desigual que favorece siempre a las familias ricas. Sin embargo, no se aprecian cambios en el tratamiento fiscal a la vivienda (compra o alquiler), ni en la estimación de rentas por actividades profesionales y empresariales, lo que añade frustración y crítica solvente. En todo caso, debemos reconocer que analizar, cuantificar o criticar reformas tributarias menores es cansino y hasta cínico. Porque todos convivimos con una bolsa gigantesca de fraude fiscal que nos ridiculiza y confunde. Su cuantía se estima en 46.000 millones de euros (casi 8 billones de pesetas), lo que exige una economía sumergida que sume 130.000 millones de euros. Por eso algún medio introduce a veces noticias pintorescas y crueles: «Las personas que hacen declaración de la renta en España son 16 millones, pero los que dicen ganar más de 56.000 euros al año no superan el 1% de ellas». «El 80% de lo que recauda Hacienda por IRPF procede de rentas del trabajo; sólo el 7% procede de rentas del capital». Es posible comprar una vivienda sin enfangarse o rozar el fraude fiscal? Sin duda, la cuestión es compleja, pero ignorarla es síntoma de impudicia. Y es que los cambios de verdad tienen siempre esta enjundia y condición.