HABLAR de la marbellización de Galicia es como estar en ese limbo que el Vaticano acaba de borrar del catecismo. Y por eso hay que suponer que el uso de tan desafortunado neologismo sólo puede entenderse en el marco del enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, que, si puede servir para hacer un titular, en modo alguno refleja los hechos y los motivos del feísmo y el caos de Galicia. La presión urbanística que existe sobre las Rías Baixas es infinitamente menor que la que pesa sobre Málaga, hasta el punto de convertir en estériles todas las comparaciones. Aunque mucho más relevante es, si cabe, la diferencia cualitativa. La ilegalidad de Marbella viene dada por las recalificaciones, el exceso de volumen construido, la urbanización excesiva y los efectos ecológicos de tal exceso. Pero la Costa del Sol crece con construcciones de lujo, con urbanizaciones de calidad demandadas por las grandes fortunas y con instalaciones de ocio de prestigio internacional. La costa gallega, en cambio, fue destruida por la falta de infraestructuras, por la cutre proliferación de alpendres y casas hechas sin la más mínima programación y por la presión de la población rururbana que la habita. En términos de gran comparación, no debemos olvidar que el ayuntamiento de Sanxenxo, desde A Lanzada hasta Raxó, es más pequeño que una sola avenida de Marbella. Y por eso podemos decir que mientras el problema de Málaga es la presión constructiva de grandes urbanizaciones, nuestro problema es el caos derivado de la falta de infraestructuras y de terrenos edificables, la ineficiente gestión urbanística de los ayuntamientos y la diseminación de pequeñas casas de baja calidad y pésimo gusto que carecen de saneamiento, que están comunicadas por un laberinto de malos caminos y que hacen imposible cualquier programación eficiente de los servicios. Si el problema de Marbella puede solucionarse administrativamente, poniéndole coto a las licencias de construcción, la situación de la costa gallega requiere un fuerte volumen de infraestructuras muy costosas y difícilmente insertables en el caos actual, que hacen inviable cualquier solución a corto plazo. Por eso me temo que nuestro problema no depende de leyes ni de disciplinas, sino de una transformación radical del territorio para la que las instituciones carecen de proyectos, cultura y recursos. Nuestra esperanza en este tema se llama Teresa Táboas, que, desde la Consellería de Vivienda, empieza a dar nuevos y acertados enfoques al problema. Pero también ella necesita serenidad y espacio para trabajar, sin que todo se mueva al albur de frases ingeniosas y diagnósticos inmaduros.