DE NUEVO un escándalo político ha devuelto al centro de la escena una cuestión fundamental jamás resuelta en nuestra democracia: la financiación de los partidos políticos. Conviene reasaltar que no estamos ante una cuestión menor o carente de interés. Por el contrario, la financiación de las fuerzas políticas y, en general, la remuneración de la función pública ha sido siempre y en todas partes -desde el Mediterráneo antiguo hasta nuestras modernas democracias- un factor que determina decisivamente el modelo político y el diseño institucional de una sociedad. Aristóteles, con el fin de excluir a los pobres libres del Gobierno y de asegurar el monopolio de la vida pública a los ricos, se opone en Política a la remuneración de la función pública. Por esa misma razón, el famoso filósofo ataca sin piedad la reforma constitucional de Ephialtes -año 461 a. de C.-, que consistió precisamente en que los cargos de gobierno, así como la participación en las asambleas deliberativas y en los tribunales populares de justicia, fueran remunerados con fondos públicos. Esta reforma trajo consigo la impetuosa participación del pueblo llano en la vida política y, de hecho, Atenas fue una república gobernada ininterrumpidamente por el partido democrático de los pobres -el partido de Ephialtes, de Pericles, de Sófocles y de Demóstenes- durante 140 años, hasta su conquista por el imperio macedonio. Casi 24 siglos después, EE.?UU. ha realizado el viejo sueño de Aristóteles. En aquel país es prácticamente imposible que una persona acceda a un cargo público relevante salvo que disponga de una inmensa fortuna o esté respaldado por un lobby económico. Un singular sistema electoral y una decisión del Tribunal Supremo, cuando sentenció que el dinero declarado que se emplee para elegir candidatos y promocionar intereses comerciales en Washington es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución, transformaron una república representativa en una plutocracia. Así pues, si queremos evitar que se repita tan lamentable experiencia debemos asegurar un modelo de financiación pública de los partidos políticos que garantice su funcionamiento independiente, sin lo cual no podrán desempeñar el papel preeminente que les atribuye la vigente Constitución. Sin embargo, no tengo la menor esperanza de que esta crucial cuestión se resuelva favorablemente. ¿Por qué? Porque los grandes partidos han interiorizado que la economía se ha emancipado de la política y han asumido el avance de las ideas privatizadoras en detrimento del Estado. No puede extrañar, pues, que la política se haya reducido al ámbito de lo simbólico y se transforme a menudo en un producto de consumo para espectadores pasivos. Unos tienen el poder y otros se dedican al espectáculo. Pero estos últimos necesitan el dinero de los poderosos para seguir representando su función. Ésta es la razón por la cual el problema de la financiación de los partidos no encuentra una aceptable solución.