LA PRESENTACIÓN de los Presupuestos Generales del Estado este viernes se ha convertido ya en la primera prueba de la capacidad de la nueva Xunta presidida por Emilio Pérez Touriño para influir en las grandes decisiones del Estado. En este debate presupuestario Galicia no está, obviamente, sola. Por citar un único ejemplo, la Generalitat de Cataluña ya apuntó que su comunidad debería recibir el 15% de la inversión del Estado, el mismo porcentaje que aporta la economía catalana al PIB español. El nuevo Gobierno gallego, por su parte, se ha planteado un objetivo sin duda ambicioso, lograr que el Gobierno central destine a Galicia el 8% del total de su inversión. Como se sabe, Galicia representa algo menos del 6% de la población, del territorio y del PIB español. La Xunta quiere alcanzar por lo tanto una cifra de inversión claramente superior al peso de Galicia en España, algo que sin duda resulta difícil de encajar en el complejo juego de equilibrios que supone el reparto territorial de la inversión. Sin embargo, la Xunta tiene razón y por lo tanto dispone de argumentos sólidos para defender esta posición. En primer lugar, porque este trato diferencial favorable a Galicia, y al resto de comunidades menos desarrolladas, es un mandato constitucional. El objetivo de la cohesión territorial y el reequilibrio en los niveles de desarrollo y riqueza está recogido tanto en nuestra Constitución como en los tratados europeos. El Gobierno central debe invertir más en los territorios como Galicia para impulsar la convergencia en niveles de renta entre las diferentes comunidades autónomas. Con esa finalidad se crearon el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y los fondos estructurales europeos. Y este mayor esfuerzo inversor es más necesario, y por lo tanto está más justificado, en situaciones como la nuestra, en las que se acumulan graves retrasos en la dotación de infraestructuras que limitan nuestras posibilidades de crecimiento económico. En segundo lugar, porque las obras de infraestructuras son más caras en Galicia que en la media del Estado debido, entre otras razones, a las dificultades orográficas. Un ejemplo: el coste medio estimado de cada kilómetro del AVE Santiago-Ourense es de 12 millones de euros, una cifra superior en un 30% al coste por kilómetro de la línea Madrid-Zaragoza. La consecuencia de este mayor coste unitario es evidente: para disponer del mismo nivel de dotación de infraestructuras es necesario realizar una mayor inversión. Aun con razones a favor, la fijación de este objetivo ambicioso supone un fuerte compromiso público de la Xunta de Galicia, con su presidente a la cabeza, ya que los ciudadanos disponemos de un indicador para medir su capacidad negociadora, algo que no ocurrió por cierto con los gobiernos anteriores. Si se alcanza ese 8%, una cifra nunca conocida en nuestra historia, el nuevo Ejecutivo saldrá sin duda reforzado, pero una cifra por debajo de este porcentaje lo colocará en una difícil situación, tanto en sus equilibrios internos como ante los ciudadanos.