EL DESGRACIADO asunto de Roquetas cada vez presenta peor pinta para el Gobierno. Ahora no se trata del famoso El crimen de Cuenca , «los tiros, a la barriga» de Azaña en Casas Viejas, ni las torturas hasta la muerte en la residencia oficial del gobernador socialista de Guipúzcoa durante la época de Felipe. Pero está claro que no puede consentirse que un ciudadano sea golpeado hasta la muerte, empleando, además, instrumentos no reglamentarios, lo que parece descartar la mala suerte o el hecho fortuito. La España constitucional no puede ni debe parecerse en nada a la Argentina de Videla, al Chile de Pinochet o a la Cuba de Castro. Pero ahora ya no cabe echarle la culpa a Aznar como antes. Si no se quiere que salgan definitivamente tocados el ministro del Interior, cuyo papel en la investigación de las tramas del 11-M deja mucho que desear, o el bizarro ministro de Defensa, que promovió él linchamiento de su predecesor por lo que al fin y al cabo no había sido sino un lamentable accidente de aviación, en uno de los más demagógicos y feroces episodios de persecución política que se recuerdan, es preciso instar dimisiones o producir ceses ya. Aplicando los criterios de Bono, y eludiendo lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, el general Gómez Arruche debe dimitir o ser cesado. No sólo porque este hecho se ha producido durante su mandato, sino también por su escasa diligencia, por decirlo suavemente, en la investigación inicial de los hechos. Otra cosa es la depuración de las responsabilidades penales, en la que hay que exigir al Ejecutivo que colabore con total y absoluta transparencia con la autoridad judicial en la instrucción del sumario. En todo caso, además de por la propia tranquilidad y confianza de los ciudadanos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que debe promoverse o conservarse, los que se demuestren autores de este trágico hecho no merecen permanecer en una institución que tiene el honor por bandera.