ES BIEN sabido: las campañas electorales tienen, por su propia naturaleza, una innegable finalidad propagandística. Eso explica que actitudes que en la vida social nos resultarían insufribles -que alguien se autoalague constantemente sin rubor y ponga, sin desmayo, como hoja de perejil a sus colegas- nos parezcan naturales en campaña. No es sólo, sin embargo, esa ininterrumpida sucesión de palo (para los otros) y caramelo (para uno) lo que convierte en mera propaganda los discursos electorales. Las campañas son también propagandísticas en el mismo sentido en que lo son, por ejemplo, los anuncios de yogur o de vermú: en el de que no cabe impugnación de sus mensajes. Cuando vemos a las señoras estupendas de Martini en sus piscinas sicalípticas y en sus hotelazos de película, no podemos increpar a nuestra tele sobre el hecho escandaloso de que hotelazos, piscinas y señoras no vegan con la compra del producto. De igual modo, debemos aguantarnos sin chistar al ver que, pese a forrarnos de yogur, nuestras figuras no se transforman en esos cuerpos Danone celestiales. Pues bien, con los mensajes de campaña pasa igual. Los políticos pueden decir lo que les pete en sus espacios gratuitos y en sus mítines, con la tranquilidad que da el saber que nadie pedirá ninguna explicación. Es esa una ventaja formidable: cabe prometer, criticar, vaticinar, repartir, insultar, ofrecer y denigrar con una impunidad de la que sólo gozan ya los anunciantes. Ello explica que los debates televisados entre candidatos sean tan fundamentales. Y ello explica que sean tan de temer para los que creen tener aseguradas la mayor cuota de mercado electoral. ¿Por qué -piensan con la frialdad de vendedor- someterse al contraste de pareceres cuando uno puede seguir haciendo anuncios? Por eso es obvio que no habrá debates de forma general si su obligación no llega a regularse. Y por eso lo es también que tal regulación plantearía muchísmos problemas: entre otros, los derivados de las dificultades de encajar en los regímenes parlamentarios mecanismos nacidos en los presidencialistas. Puestas las cosas como están creo que todos nos conformaríamos sin más con que los candidatos aceptaran someterse a una entrevista televisada realizada por periodistas de verdad, de esos que no pasan por ser tiralevitas de la oposición ni esbirros del Gobierno. Una entrevista donde, por ejemplo, Touriño tuviera que explicar su compromiso de llevarse la Consellería de Pesca para Vigo, Quintana pormenorizar su anuncio de que suprimirá más de mil altos cargos de la Xunta, y Fraga razonar la teoría del robo de votos expuesta por Baltar. ¿Se imaginan que gozada?