LOS GOBIERNOS autonómicos, provinciales y municipales andan a la carrera para montarse su particular Prensa del Movimiento en versión audiovisual Siglo XXI-Sociedad de la Información, después de aprobarse el jueves la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. Falso y largo título para un exiguo texto. Sólo en Cataluña, según cifras adelantadas esta semana por un miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), hay más de cincuenta emisoras municipales de televisión. Si trasladan esta cifra al resto de España, la multiplican por cinco, que es el número de señales digitales que se logran actualmente por cada frecuencia analógica, suman 16 señales nacionales públicas digitales y otras tantas autonómicas, también públicas, verán que nuestro país puede ser, en torno al 2010, una fronda impenetrable de señales públicas de televisión y radio de cobertura nacional, autonómica, provincial, comarcal y municipal, cada una con su consejo de administración, su consejo asesor y su consejo audiovisual, disparando con pólvora del rey y haciendo de su capa un sayo. Cada gobierno con su Prensa del Movimiento a cuestas, fabricando propaganda y en algunos casos independentismo con los dineros del contribuyente y en competencia desleal con los medios de comunicación privados. A juicio de Victoria Camps, catedrática de Ética y miembro del comité de sabios que ha diseñado la reforma de RTVE, las televisiones autonómicas han copiado «los vicios» de la estatal, están «excesivamente politizadas», tendrán que dejar de financiarse mediante deuda porque «Europa no lo permitirá» y necesitan «un cambio de cultura». Esto es lo que tienen que hacer, pero hace falta que lo hagan o que alguien se lo imponga. Mientras tanto, barra libre. Urge, en consecuencia, una ley general audiovisual que obligue a todas las televisiones públicas a ser de verdad públicas; es decir, no depender de ningún gobierno, con programación de servicio público, financiación a través de un canon o de cualquier otro sistema transparente público, con prohibición de generar déficit y que no puedan emitir en cadena ni rebasar con su señal el área de cobertura marcada en la concesión. Si se logra esta ley de bases y la acatan todas las administraciones se podrá parar la desenfrenada carrera audiovisual pública. Todos los gobiernos, sea cual sea su signo político, se quejan del déficit que genera el sistema sanitario y de las carencias presupuestarias que tienen para educación, investigación e infraestructuras básicas. Pero, ¿conocen ustedes alguno que se haya quejado del déficit que genera su televisión pública? Y conviene recordar para la ocasión que la deuda acumulada del sistema público de radio y televisión es de 11.000 millones de euros y que crece a razón de 1.500 millones al año. Calculen cuánto pueden crecer ambas cifras cuando se sumen a la fiesta las televisiones públicas municipales. ¿Limitarán sus contenidos al tráfico, el tiempo, el aprendizaje del inglés, la bolsa de trabajo y los servicios de guardería y tercera edad? Me temo que no.