EL NO a la Constitución europea tiene muchas posibilidades de triunfar tanto en el referéndum francés, mañana, como en el holandés tres días después. La Constitución sólo puede entrar en vigor si la ratifican los veinticinco Estados miembros, así que las señales de alarma ya se han disparado en Bruselas y en las capitales nacionales. Para afrontar la posible situación primero hay que intentar entender qué ha pasado, una tarea nada sencilla. Francia y Holanda son países fundadores de las Comunidades Europeas, a lo largo de estos últimos cincuenta años han hecho grandes contribuciones a la integración europea y se han beneficiado mucho de ella. La Constitución europea es un paso importante en este proceso de unión política y económica, bien asentado en lo conseguido a través de muchos pequeños pasos. Por ello, para explicar los previsibles noes hay que hacer referencia sobre todo a tres factores distintos del contenido de la Carta Magna: la desconfianza ciudadana hacia la lejana y poderosa Bruselas, creciente desde la década de los noventa, el provocador nombre de Constitución elegido para el nuevo Tratado, que crea expectativas y rechazos exagerados, y los instrumentos elegidos por los gobiernos para la ratificación, unos referendos manipulables en los que muchos ciudadanos votan para castigar a su gobierno o para expresar temores diversos no directamente relacionados con la realidad de la integración. La pregunta siguiente que se plantearía es si conviene seguir adelante con las ratificaciones en otros países, para de algún modo resucitar la Constitución europea más adelante, o bien declarar su honrosa y democrática defunción y quedarnos con las actuales reglas del juego en vigor, pactadas en Niza en el 2000 y que se aplican por ahora sin mayores problemas en la Europa de los 25. El problema con el Tratado de Niza es que ha sido fuertemente impugnado por Francia y Alemania y otros Estados miembros para justificar la negociación y adopción de la Constitución. Por eso, si no se sigue avanzando hacia una Carta Magna europea, se puede retroceder y poner en cuestión muchos logros de la integración. Las voces euro-escépticas se vería reforzadas por los noes y lo normal es que quisieran ajustar cuentas con lo que no les gusta de las instituciones, las políticas y el Derecho de la Unión Europea. La salida más fácil del problema sería que se volviese a votar en el Estado que ha dicho no, como se hizo en su día con los noes daneses e irlandes. En los casos francés y holandés no es fácil que esta operación se pueda plantear a corto plazo si el no gana por una diferencia clara y hay una alta participación en los referendos. La clase política favorable al sí quedaría deslegitimada y ante cualquier propuesta de nueva convocatoria a corto plazo podría haber una reacción nacionalista. Las otras alternativas, constituir un núcleo político alrededor de Francia y Alemania con partes de la Constitución europea o volver a convocar una nueva negociación constitucional tendrían sobre todo algún valor simbólico pero no son muy prácticas. Si Francia votase no , la estrategia europea de gobierno de Rodríguez Zapatero sufriría un durísimo revés, a pesar de la natural alegría de sus socios parlamentarios, contrarios a la nueva Carta Magna. Estaríamos ante una crisis europea de liderazgo político que por supuesto afectaría a la negociación pendiente sobre los fondos, en la que sería difícil que España encontrase apoyos franceses o alemanes. Por eso, la mejor solución ante uno o dos noes puede ser la flema británica, además de esperar a ver qué hace el Reino Unido con su gran oportunidad europea, puesto que ejerce la presidencia de la Unión a partir de julio. Tal vez Tony Blair sea capaz de lanzar los mensajes necesarios para conseguir evitar retrocesos en la integración y al mismo tiempo hacer más atractiva su idea de una Europa abierta y competitiva, compatible con las identidades nacionales y con una clara vocación atlántica.