CUANDO la estupidez se mezcla con un estupefaciente el resultado no es sólo la suma de la torpeza para comprender las cosas, más la pérdida de sensibilidad que te aporta la sustancia narcótica. La combinación de ambos y en grandes dosis debe ser letal y, a juzgar por los resultados, muy extendida. Resulta que se nos dice que las asociaciones del sector del automóvil han aceptado incorporar obligatoriamente el distintivo autonómico y su escudo correspondiente a las matrículas de los vehículos a motor porque, ¡oh! que hallazgo, el usuario que no quiera la placa con los signos de la comunidad autónoma en la que reside y matricula el coche podrá cambiarla por los de otra comunidad cualquiera por el módico precio extra de 18 euros. Es decir, se suprime la actual, tal y como es ahora, sólo con la E de España y la bandera europea, se nos impone la nueva desde un partido independentista y nos quedamos fríos y en primera posición de saludo como si no fuera con nosotros. Una vez más, una exigua minoría se impone sobre una gran mayoría y a ésta solo le queda el conocido ajo y agua. Lo lógico, con permiso de Pere Navarro, director general de Tráfico, y del Gobierno que se lo ordena, sería que las matrículas con el distintivo autonómico fuesen voluntarias y allá cada uno con sus caprichos. Pero no, se nos cambian las matrículas a todos, nos guste o no, y las asociaciones de venta de vehículos de segunda mano resuelven su problema rematriculando a voluntad todos los vehículos y cobrando al nuevo comprador los 18 euros extras. Problema casi solucionado para ellos, pero, como siempre, a costa del consumidor y con ineficacia porque por mucho que disfracen la norma los ladrones saben que un coche de otra región puede guardar maletas en su interior; los radicales pueden cometer sus fechorías contra los vehículos que no sean de su territorio; el mercado de segunda mano volverá a fragmentarse, y pocos comprarán o venderán coches fuera de su comunidad si no quieren que les señalen como forasteros. En una sociedad sana y con una clase política menos pegada al poder y más cercana al ciudadano, todas estas cosas no sucederían. Apaños como el de las chapas se repiten cada día, aumentando la dosis de cloroformo que se inyecta al cuerpo nacional para evitar que salga del letargo. Ocurre otro tanto con la discusión sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, algo que ni siquiera se aplica entre los Estados miembros de la UE para no romper el principio de cohesión. Porque vamos a ver, si al final los independentistas catalanes se salen con la suya - y trazas hay- y consiguen desarrollar ese lema de «pagar por renta y recibir por población», ¿qué impide a un contribuyente pedir equilibrio en su particular balanza fiscal? Como ha dicho el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, establecer una cuota de solidaridad para las regiones pobres de España, como dicen los tres miembros del gobierno tripartito catalán, que encima se denominan de izquierdas, recuerda al lenguaje que hace un siglo utilizaban las damas de la Cofradía de San Vicente de Paúl.