POR SEGUNDA VEZ en un lapso de tiempo breve, y contra su costumbre, el editor de este periódico ha dado un aldabonazo en la opinión pública acerca de lo que está en juego para Galicia. De algún modo, es un recordatorio del papel que corresponde a la sociedad civil en una Estado democrático. Las decisiones que afectan directamente a una comunidad nacional -tómese la expresión con la amplitud que cada quién prefiera- son adoptadas por su representantes. Pero su legitimidad, no sólo no impide, sino que requiere el respaldo de la sociedad. Su pasividad o su silencio no constituyen un síntoma de madurez o vitalidad democráticas. Antes al contrario, pueden equivocar a los titulares del poder o, lo que sería peor, facilitar la tentación de suplantar la voluntad popular. A esa voluntad se apela para que se exprese en las urnas, trátese de elecciones o de referenda. Los ciudadanos han de cumplir con el correspondiente deber. A ello no se limita, obviamente, el papel de los integrantes de la sociedad civil, que tampoco ha de reducirse a la militancia partidaria. Los ciudadanos asistimos, hasta el aburrimiento, al intercambio de golpes dialécticos entre las diferentes formaciones políticas, en una permanente «puesta en escena» electoral. Incluso cuando, al menos coyunturalmente, se coincide en una posición, como es el caso de la Constitución Europea. Por lo que se refiere a Galicia, el Plan que lleva su nombre, es un pimpampum que consume muchas energías y produce tortícolis mental a los ciudadanos, en cuanto espectadores. La realidad que se alcanza desde el presente es inquietante. Por mor de unas estadísticas nos encontramos ante la inseguridad de seguir disponiendo en el futuro de fondos europeos. Que nos quedemos como objetivo 1, en la jerga comunitaria, o traspasemos el umbral hacia regiones más desarrolladas, va a depender del número de gallegos contabilizados y de la ampliación de la Unión Europea a países con menor renta per cápita. Entre tanto, los fondos de cohesión para el Puerto exterior están en el aire. La prejubilación masiva en Izar resolverá la subsistencia económica de los afectados, pero se oscurece el horizonte, con una descapitalización de recursos humanos y de una cultura industrial, que no se improvisa. A si «son galgos o podencos» parecen conducir las opiniones cruzadas sobre la programación del ferrocarril. Importa un bledo si Álvarez Cascos jugó de farol. Lo que importa, y mucho, es que se defina lo que no lo estaba, se impulse lo que no ofrece ninguna dificultad de planificación -hay amplio margen- sin que acumulemos más retrasos. Lo mismo cabe decir de las autopistas. La cohesión social y territorial que se viene proclamando en los Tratados de la Unión Europea no se consigue sólo con la inercia del mercado. Se reconocen y respetan obligaciones de servicio público compatibles con él, cuya determinación corresponde a los Estados. Ahí habrá que situar, por ejemplo, la de extender la comunicación rápida a Internet, el ADSL, en el territorio de Galicia. Está pendiente Galicia como proyecto común para el siglo XXI, que la abarque en su totalidad. Para ello se precisa una convergencia de voluntades plurales de políticos y sociedad civil. La preocupación y el planteamiento de las elecciones próximas no ofrece todavía el clima adecuado. Pero es necesario alertar sobre su necesidad y su urgencia. La composición del próximo Parlamento podría suponer un primer paso. Aldabonazos independientes, como el citado, estimulan. Tienen el sonido de la ética cívica, de la nobleza de los ideales y obligan a pensar. También a la acción.