DEL MISMO modo que, respetando las garantías procesales, las sentencias judiciales han de ser temporalmente próximas a los hechos juzgados, las responsabilidades políticas deben ser depuradas en un espacio de tiempo adecuado. De lo contrario, en un caso se deteriorará la acción de la justicia; en otro, se extenderá entre los ciudadanos una peligrosa sensación de impunidad incompatible con una democracia moderna. Una y otra cosa son desgraciadamente frecuentes en nuestro país. La reflexión anterior bien podría aplicarse a Manuel Fraga cuando, transcurridos más de dos años desde la catástrofe del Prestige , reconoce públicamente que el Gobierno Aznar abandonó a la Xunta -y al pueblo gallego- a su suerte ante la desgracia. Comprenderá el presidente de la Xunta que semejantes declaraciones no pueden ser reducidas a su estricta literalidad, ni pueden dejar de producir conclusiones evidentes y efectos políticos necesarios. En efecto, de la intervención de Fraga se deduce sin lugar a duda que la dejación de sus responsabilidades por parte del Gobierno presidido por José María Aznar fue la causa que transformó un desgraciado accidente en una pavorosa catástrofe de incalculables consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Es verdad que ya no cabe la posibilidad de exigir responsabilidades políticas a los Aznar, Cascos y compañía; sin embargo, alguna explicación deberá ofrecer el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, que dirigía el supuesto operativo de lucha contra el fuel con tanta insensibilidad como ineficacia, si hemos de hacer caso a las declaraciones de Manuel Fraga. Supongo que un avezado político, y el presidente de la Xunta sin duda lo es, será plenamente consciente de la autodescalificación en toda regla que representan sus palabras. Porque resulta obvio que si Fraga hubiese alzado su voz a tiempo, en vez de hacerlo dos años después de los hechos, el Gobierno no habría podido actuar con la desidia y negligencia con que lo hizo. Pero Manuel Fraga prefirió entonces dar prioridad a sus intereses personales y partidistas en vez de hacer honor al compromiso con el pueblo gallego al que lo obligaba su cargo institucional. Como presidente del PPdeG, Fraga puede hacer de su capa un sayo. Pero como presidente de la Xunta no está legitimado, ni política ni moralmente, para subordinar los intereses del país ni la dignidad de la institución que representa a las conveniencias políticas y a los caprichos de la dirección del Partido Popular. Si Fraga, por la razón que sea, no está en condiciones de asegurar el ejercicio del autogobierno y, por tanto, el mandato constitucional, debe retirarse, posibilitando así la recuperación de la normalidad institucional.