EN TÉRMINOS físicos, todo el mundo sabe que Pontevedra «é boa vila», que «da de beber a quen pasa», y que está sítuada en el Finisterre atlántico, en las orillas de un río que baja de Forcarei. Pero si utilizamos parámetros de la geografía humana, que analiza la sociedad y los usos del territorio, la ubicación de la ciudad del Lérez es un asunto más complejo, ya que, al lado de algunos aspectos de evidente modernidad, abriga políticas y movimientos sociales que podrían encontrarse en Namibia o Bangladesh. Por eso, porque fui diputado con sus votos, y tuve allí a mis dos hijos, voy a tratar de explicarles mi cariñosa estupefacción. Las Unión Europea está gastando billones de euros para recuperar sus espacios urbanos, sus zonas industriales achatarradas, sus costas perdidas y sus ríos maltratados. Sin recurrir a los ejemplos de Berlín o Londres, también España ofrece un buen surtido de realizaciones. Barcelona destruyó el recinto industrial marítimo para ganar espacios urbanos. Valencia, a once kilómetros del Grao, está invirtiendo enormes sumas de dinero para convertirse en ciudad costera, aunque tenga que pasar por encima de enormes complejos agrícolas e industriales. Sevilla invadió el viejo recinto industrial de la Cartuja y recuperó, a precio de oro, las orillas del Guadalquivir. Madrid, que ya transformó los recintos industriales del Sur, se empeña ahora en ocultar la M-30. Y la ría del Nervíon, paraíso del carbón y la chatarra, se ha convertido en estanque de patos y espejo del Guggenheim y el Palacio Euskalduna. Las fábricas del Berbés están dejando paso a la ciudad de Vigo, mientras A Coruña se empeña en ganar un puerto artificial para añadir a sus calles el milenario puerto interior. Así es toda Europa, menos Pontevedra, que por defender dos centenares de empleos (como si el trabajo no fuese trasladable), está dispuesta a tirar por la borda la conurbación Poio-Pontevedra-Marín, y a dedicar el mejor espacio urbano de Galicia a una fábrica de papel tisú. Para mantener vivo el mayor disparate urbanístico del Norte de España hay políticos dispuestos a vulnerar la Ley de Costas y a mantener la cabecera de la ría repartida en tres aldeas, mientras piden un AVE de viajeros y lamentan la competencia de Vigo. Y, en un afán de manipulación sin precedentes, amenazan con que la jauja del tisú acabe en Navia o en Huelva, como si los asturianos la fuesen a poner en la alameda y los onubenses al lado de la catedral. Con políticas así, y con esta visión troglodita del desarrollo, este país no necesita para nada el concurso de Magdalena Álvarez, ya que por sí solo se basta para ser, en el peor de los sentidos, la periferia de Europa.