LA PROPUESTA de Estatuto político de la comunidad de Euskadi se basa en tres pilares: el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho del pueblo vasco a ser consultado sobre su propio futuro y la actualización de los derechos históricos recogidos en el Estatuto actual y en la Constitución española. Sobre esas bases se manifiesta la voluntad de formalizar un nuevo pacto político que se materializa, son sus palabras, en «un nuevo modelo de relación con el Estado español basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico». Desde la perspectiva de la voluntad constituyente habrá que recordar que la autodeterminación fue expresamente rechazada, con el voto del grupo parlamentario que patrocina la propuesta. La consulta a las ciudadanas y ciudadanos vascos está formulada de un modo que permite diferentes interpretaciones. Para evitar un choque frontal con la legalidad puede no llamarse referéndum. Carecería de validez jurídica su convocatoria unilateral, aunque la tenga política como confesó el lendakari. La asociación se predica de la comunidad vasca al Estado. No se habla de un Estado asociado. Vendría a responder al «pacto con la Corona» del que se habló en el momento constituyente y quedó en un segundo plano. El origen, declaradamente fuerista, revela la dificultad de encaje en una constitución moderna. La vía seguida es impropia de nuestro Estado constitucional. En uno de carácter federal chocaría, como solución confederal. La actualización de los derechos históricos está prevista en el Estatuto vigente. Su inconcrección es palmaria, aunque una manifestación, nada desdeñable, es el concierto económico. La concreción jurídica viene dificultada, además, por el entendimiento de la historia como tradición formada en el tiempo. El reconocimiento como territorio foral no ha impedido a Navarra un anclaje razonable en la Constitución. Así lo pone de manifiesto el título de su Estatuto: «Reintegración y amejoramiento del régimen foral». La cuestión del País Vasco es que a ese origen se ha superpuesto la teoría del nacionalismo de Sabino Arana, en la que existen ingredientes deudores del idealismo alemán, con el protagonismo de la colectividad -pueblo, raza, nación- sobre la persona individual. Esta faceta introduce contradicciones dialécticas difícilmente asumibles. La propuesta, como reforma del Estatuto de Autonomía, implica una reforma de la Constitución, por muy cuidada que se muestre su redacción. Es otro tema. No me resisto a transcribir unas palabras de Arzalluz que escuché en las Cortes constituyentes. El problema, decía, era determinar hasta dónde llega ese derecho de los territorios forales «siempre que no choque con aquellas facultades soberanas del Estado que son absolutamente indispensables para regir esa colectividad de pueblos en solidaridad que forma el Estado y que forma España». Con una apelación a utilizar «los cauces democráticos que ofrezca la Constitución», incluida su reforma. Desde el momento constituyente se ha llegado a la situación actual, percibida como un desafío. Queda por reflexionar sobre el itinerario a seguir. Adelanto lo que, probablemente, resulte una obviedad. Si se defiende la inconstitucionalidad del Plan Ibarretxe, en algún momento debería pronunciarse sobre ello el Tribunal Constitucional.