POR MÁS vueltas que le doy al asunto -y les aseguro que son muchas- no logro vislumbrar siquiera una salida satisfactoria, o al menos razonable, a la compleja situación política creada tras la aprobación por el Parlamento vasco del llamado Plan Ibarretxe. Es cierto que el PNV ha logrado la reunificación del nacionalismo vasco en torno a un solo programa político y bajo su exclusiva dirección. Y es evidente que desde esa unidad pretende asentar de forma irreversible la hegemonía nacionalista en el País Vasco. Con ese fin el PNV ha diseñado con precisión los pasos inmediatos. En primer lugar, transformar las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo en un plebiscito sobre el Plan Ibarretxe con el objetivo declarado de lograr una mayoría absoluta a la que nunca antes se había aproximado. Después, cuando el Plan sea rechazado -no importa que sea el Congreso o el Tribunal Constitucional quien lo haga- el Gobierno vasco convocará un referéndum en el que se escenificará la confrontación entre Euskadi y el Estado y la escisión de la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas, bajo la hegemonía de los primeros. ¿Pero qué ocurrirá si el Gobierno decide presentar batalla a cara de perro e impide la celebración del referéndum? Dudo mucho que en esas circunstancias el lehendakari pueda mantener la unidad de su bloque electoral e incluso la de su propio partido. Como dudo que, llegado ese caso, pueda evitar que el centro de gravedad del movimiento nacionalista -y por tanto su dirección- se desplace hacia las posiciones más radicales dentro y fuera del PNV. Y no puede descartarse finalmente que, ante la imposibilidad de concretar el proyecto político nacionalista, ETA encuentre el caldo de cultivo necesario para revitalizar la estrategia de la violencia. Pero los interrogantes e incógnitas no afectan sólo al campo nacionalista. Los efectos del actual debate se dejarán sentir en todos los ámbitos de la vida nacional. En efecto, si la confrontación se hace inevitable ¿puede el Gobierno seguir basando su mayoría parlamentaria en una alianza con fuerzas políticas que en esta crucial cuestión estarán claramente enfrentadas a su posición? ¿Está el PSOE en condiciones de mantener la coherencia interna ante un proceso de tanta trascendencia? ¿Cómo afectará el proceso al Gobierno tripartito catalán? ¿Es posible y creíble un gobierno de coalición en Galicia entre el PSdeG y el BNG con semejante grado de discrepancia en cuestiones tan relevantes? Parece que quienes se oponen -tanto en el PSdeG como en el BNG- a un gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas verán por fin realizados sus deseos, y Manuel Fraga respirará hoy algo más tranquilo. ¿Primará en el PP el sentido de Estado o caerá en la tentación de atizar el conflicto con el fin de deteriorar al Gobierno y sacar así una miserable tajada electoral? ¿Será ésta la oportunidad que esperaba el aznarismo para imponer de nuevo su proyecto excluyente en el seno del PP? Ya les decía al principio que es difícil, al menos para mí, predecir un final a este terrible embrollo. Pero es evidente que el Plan Ibarretxe ha desencadenado ya una dinámica política que no sólo genera enormes tensiones y peligrosas pasiones, sino que puede provocar una mutación en la conciencia colectiva y producir un cambio radical en la política española.