A LA GENTE del Gobierno no le llega haberse encontrado de repente en el poder. Quieren más, volver a los viejos tiempos de poderes absolutos, al imperio de la discrecionalidad amparado por la impunidad judicial. Se van a cepillar a España como comunidad política y emocional, como realidad indefinible pero entrañable, al mundo de los otros prójimos más allá de nuestras narices lingüísticas. Y van a por todo lo que piensan que les perpetúa sin frenos morales ni remilgos legales. La Constitución es variable según los refrendos del pueblo; nada es ya sagrado, mucho menos su iglesia, viva el cambio institucional permanente; el pueblo son ellos y sus aliados ocasionales; nada es, todo cambia, sólo los recién llegados deben permanecer. Nuestros chicos y chicas se apuntan al nihilismo político integral, son almas de acero en talante de seda; relativistas pragmáticos que no descuidan las cautelas. Como la de bloquear al Poder Judicial, no vaya a ser que salgan jueces o salas que se crean la ciencia de lo justo y lo injusto y que les vayan a ocasionar serios disgustos. Nunca hay que fiarse de los jueces; al fin y al cabo son tipos condenados a tener valores, a decidir los que está bien o está mal tras la mediación técnica de sus saberes. Por eso los sabios fundadores del pensamiento democrático los eligieron como controladores del poder político y como garantía y defensa de los sin poder pero con razón. Sin embargo los socialistas recelan de la separación de poderes, ya procedieron a una primera desnaturalización de la judicatura en los ochenta cuando privaron a los elegidos por los propios jueces de su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces se procedió a su nominación por Congreso y Senado. Después cambió el gobierno y el PP suavizó el rodillo parlamentario proponiendo un acuerdo por la justicia que el PSOE suscribió y que funcionó sin los viejos escándalos. Incluso ahora se aprecian rasgos de independencia judicial como la sentencia del Constitucional sobre la Comisión de Investigación del Prestige del Parlamento de Galicia. Una desautorización al PP que desmiente la idea de que los tribunales son su correa de transmisión. Y sería esencial que este mismo espíritu se aplicase a la Comisión del 11-M, que no se permitiese que se cerrase sin que sepamos quién concibió, dirigió e hizo posible la matanza más espantosa de nuestra historia democrática. El chapapote no mató y sus efectos han sido reparables; pero las muertes y el dolor son irreversibles. Hay motivo para que se continúe. Sin embargo, el panorama de los tribunales españoles no inspira confianza al Gobierno: recela, teme lo imprevisible y quedan muchas causas juzgables. Y de no poder controlar al CGPJ, al menos neutralizarlo exigiendo mayorías cualificadas paralizantes que no existen en ningún otro órgano decisor. Y si hay escándalo o crispación atribúyase al PP o a la politización de los propios jueces. Mera cuestión de propaganda; ya están muy entrenados.