DE UN MOMENTO a otro, don Rafael Vera tendrá que ingresar en prisión. A partir de ese hecho, nadie sabe qué puede ocurrir. Hay quien dice que es seria su amenaza de huelga de hambre hasta llegar al suicidio. También se asegura que, para ese caso, expresó una última voluntad a su familia: que difundan la lista de perceptores de fondos reservados, que contiene nombres inauditos y de gran impacto. Y, en la vertiente política, la gran incógnita es saber qué consecuencias tendrá en el Partido Socialista, después de las airadas respuestas de Rodríguez Ibarra al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado. ¿Y por qué aseguro, tan tajante, que Vera debe ingresar en prisión? Porque el indulto sólo se concede a alguien que esté en la cárcel, ya que resulta preceptivo para tal concesión el informe de Instituciones Penitenciarias. Difícilmente puede informar de un preso que no existe. Es decir, que de ese paso no le podría librar ni el mismo Felipe González, si fuera presidente del Gobierno. A partir de esa anotación, el improbable indulto del señor Vera se convierte en mucho más que una medida de gracia. Es la mayor prueba a que se enfrenta el PSOE desde las elecciones de marzo. Siente, por una parte, la obligación de solidarizarse con uno de los suyos. Le convoca a ello nada menos que quien ha sido su líder durante los últimos 30 años: Felipe González. Pero, frente a eso, el Gobierno, su gobierno, tiene la obligación de demostrar que no es como los de Felipe: que no es tolerante con la corrupción, que combate al corrupto, y que no está dispuesto a transigir con los sucesos más oscuros de la última etapa del felipismo. Por lo que estamos viendo, ha ganado esta última tesis, tan decente como pragmática. Zapatero ha aprovechado la circunstancia para situarse en el escenario socialista: rompe toda sombra de vínculo con la etapa de Felipe González; reafirma su autoridad frente a quienes pudieran tener nostalgia del ex presidente; y hace un discurso muy ético, donde el ministro de Justicia proclama que hay tres tipos de delitos que no merecen ninguna compasión: el terrorismo, la violencia de género y la apropiación de fondos públicos. Quiero decir con esto que la «asignatura Vera» se está aprobando bien. Mucho mejor que la del idioma valenciano. Rodríguez Ibarra se extraña de que el fiscal general del Estado haya adelantado, sin que nadie se lo haya pedido, que se opondrá al indulto. No se extrañe, señor Ibarra: el fiscal general acudió en ayuda del Gobierno. Es el punto de apoyo que el Gobierno necesitaba para construir esa estrategia de la autoridad y la ética. Por eso es tan importante que esa figura sea siempre de la confianza de quien ostenta el poder.