LA ESTELA del Prestige alcanza todavía la vida pública al cabo de dos años. El chapapote, que fue el icono del desastre ecológico, ha sido liberado, en gran parte, del interior del barco, en una operación de alta calidad tecnológica. Pero permanece embalsado a la espera de que Gobierno central y Xunta de Galicia diriman uno de los varios pleitos que abrió la catástrofe. Parece como si la viscosidad del material se pegara a todos los incidentes que traen causa de la catástrofe. De aquel suceso, inicialmente mal enfrentado, emergió un Plan Galicia que se encuentra en el centro mismo de la lucha partidaria y alimenta las ilusiones, tantas veces frustradas, de esta tierra. Poco importa su vicio original, y poco deberían importar las circunstancias de su alumbramiento. Fuera una ocasión o un pretexto para lavar conciencias, para enderezar comportamientos públicos, en su contenido es el reconocimiento de una deuda histórica , aunque la expresión resulte desgastada por su abuso. Fuera, entonces, un señuelo o unos compromisos presupuestariamente alegres, creyeran o no sus autores en la realización de sus objetivos, es lo que tenemos. A ello hemos de agarrarnos con firmeza. Quizá, por eso mismo, no debiera suministrar metralla con que agredirse dialécticamente unos y otros. El caso del puerto exterior es paradigmático. Es verdad que consistió en un proyecto del Puerto de A Coruña. Que no fue previsto por programaciones autonómicas, ni tampoco en el Informe Galicia 2010 . Es verdad que es un puerto de interés general y, por tanto, de competencia estatal. No es menos cierto que el Plan Galicia convirtió el mismo proyecto en el puerto exterior de Galicia. Algo que sí importa directamente a la comunidad autónoma del que, lógicamente, no puede desentenderse. Es esa perspectiva lo que reclama la solidaridad de los gallegos de cualquier signo. Porque se trata de algo más que de una operación urbanística o medioambiental de la ciudad. Es una pieza clave para paliar los efectos negativos de la marginación geográfica de Galicia que propicia la ampliación de la Unión Europea. Quizá hubiera podido hacerse mejor la planificación de los puertos. Es seguro que no puede aislarse el puerto proyectado de un ferrocarril razonable para transporte de mercancías, si se considera su inclusión en la red del comercio internacional. Es lo que hay, que se presenta como una oportunidad difícilmente repetible. La inclusión del proyecto en el Plan Galicia lo configura como un asunto del Estado en su conjunto. Como tal ha de ser tratado. Por ello, es innegable que la realización de una obra de tal magnitud y finalidad requiere necesariamente de financiación más allá de los recursos de la Autoridad Portuaria, de donde provendrá, directamente o por la venta de terrenos desafectados del dominio público, más de la mitad del coste total. El Ministerio de Fomento, como tal, no aporta ahora mismo más que una cantidad, relativamente pequeña, para los accesos. El compromiso de financiación es de la Administración del Estado, como personalidad jurídica única, dirigida por el presidente del Gobierno, cuyas declaraciones, manifestadas más de una vez, deben constituir la garantía. Un compromiso que se concretará en las consignaciones presupuestarias correspondientes a las anualidades previstas para la ejecución del proyecto. Al Gobierno corresponde realizarlas de acuerdo con las prioridades que él mismo establece y los recursos disponibles, provengan de fondos europeos de cohesión, de desarrollo regional, o generados en el interior. La Administración estatal ha acordado la urgencia de la ocupación de los terrenos a expropiar y algún otro acto que no tienen sentido sin la ejecución del proyecto. Se necesita claridad y con urgencia. Despejar dudas, no tanto sobre la legalidad, como sobre incertidumbres políticas. Que la sombra del Prestige no oscurezca una iniciativa vital para Galicia.