LOS POLÍTICOS reivindican con frecuencia cosas razonables. Pero también, en ocasiones, puros desatinos. Ello no constituiría motivo de congoja si no fuera porque suelen hacer lo primero y lo segundo con firmeza similar. En eso se distinguen, sin duda, del resto de los habitantes del planeta: en que son capaces de pedir peras al olmo con la misma urgencia, y a veces insolencia, con que pedirían peras a un peral. Para muestra un buen botón. Artur Mas, que oficia de líder mesurado, dijo el otro día en la Moncloa una sandez con la cara sonriente con que sostiene a diario posiciones dignas de atención. En la rueda de prensa posterior a su entrevista con el presidente del Gobierno, reivindicó el líder convergente que el catalán sea lengua oficial en toda España. Para entendernos, que sea oficial en un territorio en el que, salvo donde ya es lengua cooficial, apenas nadie habla catalán. Si al reivindicar algo tan absurdo Artur Mas se hubiera puesto colorado, pues ya está: todos sabríamos que juega de farol y que sólo pide un imposible con el objetivo de acusar después de cicatero a quien, razonablemente, se niega a concedérselo. Pero Mas, como la mayoría de quienes ejercen su digna profesión, no se pone nunca colorado. Con lo cual, ahí lo tenemos, tan tranquilo, exigiendo lo que resultaría risible de no ser porque nunca debe uno reírse de las cosas de comer. Y las lenguas, ya se sabe, son cosas de comer. Y de beber. Tanto, que cuando se aprobó la Constitución, la misma dispuso algo elemental: que junto al castellano, lengua oficial del Estado, las demás lenguas españolas serían también oficiales en sus Comunidades respectivas. Se reconocía así que el castellano es la lengua de todos, incluidos los que también hablamos otras lenguas; y se impulsaba, al mismo tiempo, la recuperación de lenguas minoradas, cuyos hablantes habían sufrido una discriminación tan larga como injusta, que con la cooficialidad quería corregirse. Afortunadamente, todo ha acontecido de ese modo y hoy el conflicto lingüístico ha pasado a ser propiedad política exclusiva de quienes invierten en él para obtener a cambio réditos políticos. Por eso exigir la oficialidad del catalán en toda España no es razonable, como tampoco lo sería exigir la del euskera o el gallego. Y como no lo es solicitar que esas lenguas sean, junto a una veintena larga de lenguas regionales, oficiales en Europa. El que el presidente del Gobierno se muestre alegremente dispuesto a apoyar esto último y dé la callada por respuesta en relación con lo primero es sólo una triste muestra más de que los profesionales del poder tienden a actuar más en función de sus intereses que de sus convicciones.