AL MENOS tres conclusiones se deducen del plan para el futuro de Izar que el Gobierno ha presentado a los sindicatos. La primera, que el ejecutivo abandona, de hecho, la construcción naval civil, y opta por reducir el sector naval español a la construcción militar, a la que pretende concentrar en una nueva sociedad industrial pública (Nueva Izar). La segunda, coherente con la anterior, implica que todas las empresas que queden fuera de la nueva sociedad, entre ellas Izar-Fene (Astano), están condenadas, no a la privatización, como asegura el Gobierno, sino a la quiebra y consiguiente desaparición. ¿Quién va a comprar unas instalaciones que el propio Gobierno considera no sólo inviables sino un cáncer para el conjunto del grupo naval público? Por último, el proyecto del Gobierno hipoteca definitivamente el futuro de comarcas, que como la de Ferrolterra, se caracterizan por su escasa diversificación industrial, y tienen ya hoy altos índices de paro y precariedad -18% y 36% respectivamente-, muy por encima de la media de Galicia. Ante semejante perspectiva, resulta evidente que un asunto de tanto calado no puede despacharse sin que la ciudadanía -no sólo los trabajadores afectados- conozcan la importancia que para el futuro del país tiene este sector estratégico de nuestra economía que, como todos los sectores industriales de alta tecnología nuclea una amplia red de proveedores de equipos, centros de investigación, proveedores de tecnología avanzada y servicios de ingeniería, hasta el punto de que hoy en día los proveedores representan aproximadamente el 70% de la producción de un astillero, y la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) supera el 10% de todo el volumen de negocio. Así pues, el Gobierno debe contestar, antes de tomar una decisión definitiva, a ciertas preguntas que, dadas las circunstancias, necesariamente serán capciosas: ¿Por qué el Gobierno se declara impotente para negociar con Bruselas una salida aceptable al contencioso de las ayudas ilegales recibidas por nuestros astilleros, cuando Francia y Alemania han conseguido evadir las consecuencias de su violación del Pacto de Estabilidad? ¿A qué se debe que el Ejecutivo muestre tanta prisa en tomar una decisión irreversible, en vez de esperar a la reunión que el próximo año celebrará la OCDE con el fin de adoptar medidas tendentes a superar la competencia desleal que determinados países practican en la construcción naval, tan perjudicial para los astilleros españoles y europeos? ¿Por qué razón el Gobierno presenta un plan que ignora hechos tan relevantes como que el mercado naval es un mercado en expansión, o que la industria europea del ramo ha presentado una estrategia sólida con el fin de conseguir a medio plazo un fuerte liderazgo en la construcción naval mundial? ¿Por qué, a la hora de elaborar sus previsiones, el Gobierno no ha considerado las nuevas exigencias europeas en seguridad marítima y protección del medio ambiente marino, que, con toda seguridad, generarán una importante demanda de buques seguros y ecológicos? Si he de ser sincero, no espero que el Gobierno responda a ninguna de estas o similares preguntas, salvo que la sociedad gallega y española se lo exija de forma inequívoca. Pero se equivoca si piensa que puede salvar la cara política limitándose a diferir la culpa sobre el anterior Gobierno -que ciertamente la tiene-, en vez de acreditar su competencia para defender nuestros legítimos intereses nacionales.