LA POSIBILIDAD de una reconversión (reestructuración) planea de nuevo sobre nuestro sector naval, amenaza su continuidad como sector productivo, afecta a miles de puestos de trabajo e hipoteca el futuro de comarcas enteras, que como la de Ferrolterra se caracterizan por su escasa diversificación industrial. Ante tan inquietante perspectiva, resulta imprescindible que el conjunto de la ciudadanía -no sólo los trabajadores afectados- conozca la importancia que para el futuro del país tiene este sector estratégico de nuestra economía, al que, por esta razón, muchos países avanzados del mundo prestan un decidido apoyo político. Conviene, pues, evitar frivolidades populistas y, sobre todo, abandonar determinados tópicos, de moda en los años 80, que sólo dificultan la adecuada defensa que merece nuestro sector naval. Hay que tener presente, en primer lugar, que el mercado naval es un mercado en expasión -en el año 2003 la demanda mundial de buques alcanzó máximos históricos-, y que la industria europea ha presentado una estrategia sólida con el fin de conseguir a medio plazo -en el horizonte del año 2015- un fuerte liderazgo en la construcción naval mundial. En segundo término, como todos los sectores industriales de alta tecnología, la construcción naval nuclea una amplia red de proveedores de equipos, centros de investigación, proveedores de tecnología avanzada y servicios de ingeniería, hasta el punto de que hoy en día los proveedores representan aproximadamente el 70% de la producción de un astillero. Los datos del programa LeaderSHIP presentado a la Comisión Europea en octubre de 2002 son elocuentes: el volumen de negocio anual de la construcción naval europea ronda los 34.000 millones de euros, dispone de una red de más de 9.000 empresas y 350.000 trabajadores, tiene posiciones predominantes en el mercado mundial de buques complejos y reparaciones navales y el 10% del volumen de negocio se destina a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Cabe todavía añadir que las nuevas exigencias europeas en seguridad marítima y protección del medio ambiente marino generarán una importante demanda de buques seguros y ecológicos, o que la perspectiva de defensa común europea impulsará la construcción naval militar, en la que ya hoy los astilleros europeos de buques de guerra son líderes incontestables en determinadas áreas, tales como los submarinos convencionales y lanchas rápidas. En estas circunstancias, la sociedad gallega y española no deben aceptar una reducción de nuestra capacidad productiva, sobre todo si esta medida deriva de la negativa gestión del Gobierno anterior y de la incapacidad de la UE para establecer unas condiciones de competencia equitativas para la construcción naval mundial. Al contrario, debe urgir al nuevo Gobierno para que, lejos de adoptar soluciones fáciles, aborde la cuestión en toda su complejidad, otorgue al sector naval su auténtico carácter estratégico y tome iniciativas para que la Unión Europea imponga en el seno de la OMC y la OCDE medidas tendentes a superar la competencia desleal que determinados países practican en la construcción naval. Por su parte, el Gobierno ha de ser plenamente consciente de que las soluciones que adopte para resolver problemas como el que nos ocupa constituyen la prueba de fuego de su competencia en la defensa de nuestros legítimos intereses nacionales.