EN EL 2003 el gasto farmacéutico creció en España el 12%. El crecimiento medio anual de este gasto en Galicia, contabilizado en los presupuestos del Sergas como obligaciones reconocidas (período 1988-2002), fue del 16%. Es la pesadilla recurrente del gasto farmacéutico. Una pesadilla preñada de intereses poderosos, de inercias robustas, de presiones múltiples y de políticas ineficientes. Los medios de comunicación repiten de tiempo en tiempo las razones que proporciona Farmaindustria para explicar el problema (envejecimiento de la población, aumento de los inmigrantes, costes elevados en la investigación, etcétera). Las explicaciones alternativas tienen, sin embargo, un eco y una difusión menor. Porque las razones teóricas que pueden explicar, con ponderación desigual, el crecimiento del gasto farmacéutico, son básicamente tres: envejecimiento de la población, aumento de la prescripción médica (numero de recetas por paciente) e incremento en los precios de los fármacos. De las dos últimas apenas se habla, pero ambas explican en Galicia, aproximadamente por partes iguales, el 91% del aumento del gasto farmacéutico registrado. El envejecimiento de la población (aumento de los pensionistas), sólo explica el 9% restante. Por eso interesa resumir lo que al respecto dijo la ministra de sanidad: a) colaboración intensa con las comunidades autónomas; b) evitar que los médicos sólo reciban información de los laboratorios; c) negociar con Farmaindustria para que el gasto en farmacia no supere cada año el crecimiento del PIB nominal; d) aproximar el porcentaje de genéricos desde la cifra actual (5%) hasta la media europea (20%). Le deseamos éxito a la ministra por la cuenta que nos tiene. El otro problema sustantivo de la sanidad pública es su financiación. En términos de PIB estamos todavía un punto por debajo de la media de la Unión Europea, pero si descontamos el gasto farmacéutico, esa diferencia supera los dos puntos (recordemos que un punto del PIB equivale a 7.400 millones de euros; o sea, 1,2 billones de pesetas). Numerosas comunidades autónomas cierran ya el ejercicio con importantes déficits acumulados que no puede resolver el impuesto minorista sobre hidrocarburos. Ya sea por sus limitaciones recaudatorias, ya por los efectos negativos que genera. Un hecho que aflora las torpezas cometidas en la reforma reciente de la financiación autonómica. Pero nadie da explicaciones. Reducir el gasto farmacéutico exige, pues, que al menos la autoridad sanitaria controle con firmeza una prescripción desarrollada en un mercado oligopolístico donde se compite agresivamente con productos diferenciados. Un escenario difícil pero ineludible. Lo contrario es la agonía y la incertidumbre infinita.