QUE las televisiones públicas deben financiarse en todo o en parte con los recursos públicos y que la mayor cuota publicitaria debe ser para las televisiones privadas comerciales en abierto y para los demás medios privados de comunicación, es una cuestión sobre la que hay ya un amplio consenso. La medida permitirá la supervivencia de los privados, la salida de otros, con el consiguiente aumento de la pluralidad, y el descenso de la saturación publicitaria de todas las televisiones, enzarzadas en una carrera con precios a la baja por la competencia desleal de TVE. Esta disminución de la publicidad la agradecerá el espectador, ahora atosigado por cortes publicitarios que alargan los programas hasta más del doble de su duración neta. Pero con ser una medida trascendental para solucionar el problema y homologar la televisión pública española con los sistemas de financiación que imperan en los demás países de la Unión Europea, no es suficiente. Mientras las televisiones públicas españolas sean comerciales y se preocupen más de las audiencias que certifica cada mañana Sofres que de las obligaciones de servicio público que las justifican, seguiremos con un problema. Va siendo hora de que los responsables de esas cadenas se liberen del grillete del audímetro para centrarse en los derechos del ciudadano que sostiene con sus impuestos el sistema público de televisión, programando los espacios en función de éste y no de las marcas comerciales. Si todos están de acuerdo en que la televisión pública debe financiarse prioritariamente con los recursos públicos, sea vía canon o asignación en los presupuestos generales del Estado o en los de sus respectivas comunidades autónomas, no parece razonable que un instrumento creado para certificar a los anunciantes la audiencia diaria y por franjas horarias de cada televisión comercial se emplee para aquéllas que por su naturaleza y fin social no están destinadas al mercado sino al cumplimiento de un estricto servicio público. Liberados de esta servidumbre, los ejecutivos de las televisiones públicas armarían sus parrillas con los programas que satisficieran en cada franja horaria al espectador al que se dirigen, usando otros instrumentos sociológicos para el estudio del comportamiento de la audiencia a la que por mandato se deben: todos los ciudadanos del territorio en el que emiten, incluidos los niños, los jóvenes y las minorías. Radio Nacional de España ya lo hace tras abandonar el EGM. Ahora le toca el turno a TVE y a todas las de la Forta.