LA CIENCIA regional es una disciplina de síntesis aunque consolidada y autónoma dentro de la ciencia económica, y haberla rebautizado como nueva geografía económica o economía espacial no desvirtúa su finalidad: encontrar las leyes fundamentales de la lógica de localización de actividades económicas. A su vez, la ordenación o fomento territorial surge como la aplicación razonada de una justicia espacial necesaria a fin de subsanar las disfuncionalidades territoriales que genera la desigual distribución de actividades. Pues bien, siento auténtica vergüenza ajena al comprobar que ningún economista catalán ha salido a la palestra para recordar que, a día de hoy, la ciencia regional no ampara empírica o teóricamente la España en red que pretende imponer Maragall -léase, Cataluña a lo suyo y a Galicia que la zurzan- ni hay prueba de que el policentrismo decisorio a ultranza sea más eficaz que el modelo vigente. Hablando en plata, ni la escala europea ni la regional ofrecen en el presente la suficiente solvencia regulativa capaz de paliar los desarreglos o las desventajas, históricas o fortuitas, que subsana el Estado. Para un observador objetivo, el caso del Prestige lo confirma. Si además de objetivo el observador es lúcidamente honesto tendrá que concluir que la nivelación de poderes -por ejemplo, entre Maragall y Zapatero, o entre Barcelona y Madrid- sólo puede llevar al conflicto. De hecho, ya nos está llevando. Dado el universo económico y tecnológico en el que estamos inmersos -designado de forma resuntiva como globalización - el modelo federal asimétrico de desarrollo , que con argumentos más asertivos que probatorios pretende sustituir al de ordenación descentralizada del territorio , adopta la sutilmente manipulada apariencia de la necesaria respuesta de ciertas regiones a la globalización, bien sea en el marco mundial o europeo. Esta deslegitimación de la prevalencia de la escala estatal arraiga al calor del tribalismo y de las alianzas electoralistas y la melopea de los perennes agravios comparativos, y generaría a la postre, de llegar a aplicarse, numerosas frustraciones y desilusiones. Si esta concepción se impusiese, muy cainita políticamente al tiempo que poco fundamentada económicamente, se perdería la capacidad de regular la equidad territorial, necesitada de un proyecto centralizador redistributivo imposible de alcanzar espontáneamente por el simple juego del mercado y la competencia entre los territorios que sufren efectos perversos asentados en, y parcialmente estimulados por, los mecanismos acumulativos de carácter histórico (despegue inicial virtuoso constantemente retroactivado en otras regiones, parcialmente a expensas de las menos desarrolladas) o técnico (rendimientos crecientes y externalidades pecuniarias). Ideología aparte, a muchos nos gustaría que los líderes políticos asumieran posiciones claras y vinculantes respecto a la articulación pública entre lo regional y lo global toda vez que no cabe ignorar que Cataluña siente la tentación de tomar iniciativas particularistas, gravemente lesivas para Galicia, cuestionando con oportunista insolidaridad las transferencias estatales impuestas por la coordinación fiscal. La conclusión, según me permito suponer, es contundente: el PSC ha sucumbido a la tentación de un protagonismo insolidario cuyo objetivo final es prescindir de las restricciones institucionales nacionales tendentes a reequilibrar el territorio. De momento, no hay visos de viabilidad de un sistema así (des)articulado si no se basa en la compatibilidad regional (y desconcentración horizontal y vertical autonómica) más que en la descentralización federal, tal como enseña la moderna teoría de redes y la evidencia empírica disponible, incapaz de probar que las (con)federaciones respondan al sistema de descentralización económica óptima. En nuestro entorno, sólo el Estado, en mayor medida que Bruselas y que el poder autonómico, es el garante de la susodicha compatibilidad al acotar la pugna por la atractividad local, e impedir que degenere en un juego a suma negativa, activando simultáneamente las sinergias regionales dentro de cada Estado. ¿Es que alguien en su sano juicio puede creer que Bretaña obtendría más ventajas negociando sola en Bruselas que apoyada por el Estado francés? No. Bueno, pues lo mismo sirve para Galicia, Andalucía o Cataluña.