HACE DIEZ AÑOS, más o menos, unos buenos amigos fueron víctimas de un robo. Al regresar a casa vieron a un caco saliendo por una ventana de su piso: el ladrón saltó, salió corriendo y se perdió en la profundidad de cualquier calle. El espectáculo que se encontraron mis amigos en su vivienda fue, al parecer, inenarrable. Al día siguiente, un par de policías interpretaron un pequeño paripé haciendo que tomaban huellas e interrogaban a algunos testigos presenciales; meses más tarde llamaron a mis amigos del juzgado para ratificarse en la denuncia. ¡Y hasta hoy! Mis amigos no han vuelto a saber nada del asunto. Aunque más doloroso -por cercano- para mí, se trata sólo de un ejemplo de algo que casi todos, por desgracia, conocemos: que, salvo para las víctimas, delinquir puede acabar siendo en nuestro país completamente gratis. Por eso, aunque es posible que los denominados juicios rápidos no puedan acabar con la absoluta impunidad con la que se cometen en España anualmente miles de delitos, pues esa impunidad depende también (y sobre todo) de las aun muy deficientes dotaciones de los cuerpos policiales y los órganos jurisdiccionales del Estado, parece evidente que con ellos se trata de reequilibrar, en favor de las víctimas, una balanza que hasta ahora se inclinaba del lado de quienes cometían los delitos. Las razones de ese desequilibrio pueden explicarse fácilmente: nuestro derecho criminal (penal y procesal) entronca, por una parte, con una ideología liberal, que, defendiendo los derechos de delincuentes y penados, reaccionaba con justicia frente a la brutalidad represiva del derecho penal de las monarquías absolutas; y es también, por otra parte, la consecuencia de una doctrina criminalista más reciente para la cual el delincuente resultaba él mismo, al fin y al cabo, otra víctima de la propia sociedad. Así lo exponía Carlos Saura en aquella célebre película ( Deprisa, Deprisa ) donde las víctimas eran apenas una excusa para filmar el sufrimiento de los pobrecitos delincuentes. Lo cierto es, sin embargo, que ese garantismo penal y procesal se compadece mal, en las sociedades actuales, con dos datos que han hecho cambiar la situación de forma radical: de un lado, el de los delincuentes, con la criminalidad organizada; y, de otro, el de las víctimas, con el hecho de que quienes más sufren los delitos son quienes menos posibilidades tienen de pagarse una buena protección. En esta nueva situación, seguir defendiendo un garantismo procesal a rajatabla es una forma como otra cualquiera de dejar a su suerte a quienes sufren los delitos. Manteniendo mientras tan tranquila, eso sí, nuestra buena conciencia progresista.