QUE LA GRAN mayoría de los municipios gallegos tienen un urbanismo ausente o escaso es un hecho objetivo. Y que este hecho es independiente de si el municipio tiene o no planeamiento propio, también. El drama del no urbanismo aparece cuando hay capacidad de destruir. Por eso debemos diferenciar los efectos negativos que resultan de incumplir la norma en un municipio rural, de los destrozos causados cuando la infracción es sistemática y se produce en municipios urbanos o del litoral. Y es que salvo honrosas excepciones, también los municipios con planeamiento general aprobado practican el no urbanismo. El proceso es como sigue: A) Primero, no se ejecutan las áreas de actuación que el planeamiento diseña para ordenar el crecimiento (mediante planes parciales, planes especiales, etcétera). Pero anular el planeamiento de desarrollo equivale a no distribuir los costes y beneficios del proceso urbanizador (los propietarios aumentan el valor del suelo, pero financian las infraestructuras urbanísticas en proporción a su parcela). Y desaparecen también las cesiones obligatorias de suelo para usos dotacionales y por aprovechamiento urbanístico. Esta última cesión (10% del suelo edificable) responde a un mandato constitucional (artículo 47) para que la comunidad participe -a través del ayuntamiento- de las plusvalías generadas por la actividad pública, debiendo destinar el suelo a viviendas protegidas o a actividades de interés general. Por eso la ausencia de urbanismo no sólo impide crecer con orden y justicia distributiva; también evita que el ayuntamiento obtenga recursos y patrimonio relevantes. B) La alternativa a no desarrollar el planeamiento es la licencia directa, la infracción recurrente y la población dispersa. El urbanismo de licencia directa equivale a construir básicamente en la leira particular, generando así múltiples infracciones por diferencias entre lo construido y lo autorizado. Además, provoca una dispersión poblacional injustificada con demandas incesantes de servicios públicos. De esta forma las plusvalías son siempre privadas, mientras infraestructuras y servicios se financian con dinero público. El círculo se cierra cuando las autoridades ignoran sus obligaciones de disciplina urbanística para sancionar, corregir o demoler lo construido. El resultado final es lo que hay: caos, feísmo, inequidad, descontrol. Por eso no se puede acusar a los municipios gallegos de encarecer la vivienda apelando a las cesiones y aprovechamientos urbanísticos, como hacen ciertos constructores y algún político relevante. Porque esa afirmación o es interesada o expresa un profundo desconocimiento de lo que sucede en Galicia. Además de ignorar el mandato constitucional, claro.