SE LLAMAN, en Irán, los Guardianes de la Constitución, y en Occidente se piensa que son unos sesudos juristas, componentes, poco más o menos, de un tribunal de garantías. Nada más lejos de la realidad. No son juristas, tratadistas de Derecho, ni magistrados de la más alta instancia legal y jurisdiccional. Son, pura y simplemente, teólogos. Por virtud de la revolución integrista que hizo el ayatolá Jomeini y que barrió la dictadura de segunda generación regentada por Mohamed Reza Pahlevi, el chiísmo iraní convirtió la política de los modernos persas en teología militante. Los ayatolás son los dispensadores de la verdad política, porque ésta deriva de la verdad religiosa; verdad de la que ellos, los ayatolás, son sus dispensadores inapelables. Los encaramados a la más alta jurisdicción del sistema político iraní, aunque sometidos al guía supremo, el imán Jameini, han vetado nada menos que a 8.000 de los candidatos que concurren a las elecciones del próximo febrero. Jameini les reconvino, pero apenas recularon en su decisión. Ahora es Mohamed Jatami, el presidente de la República y adalid de la reforma liberalizante, quien exige la retirada de los vetos. Varios de sus ministros dimitieron ya, para mejor significar su protesta contra los ayatolás del fielato. Jatami, que ni en Davos ni antes de Davos ha querido entrar en la cuestión, sí lo ha hecho en cuanto ha vuelto a Teherán. El conflicto institucional está servido. La autonomía civil del poder político es el caballo de batalla. Determinará el futuro del régimen lo que ahora ocurra. Falta muy poco para que se convoquen las urnas y los dos engranajes del sistema giran por separado. La mayoría de los iraníes han nacido o crecido después de la revolución de 1980. Quieren la misma libertad por la que clamaban quienes se alzaron contra el Sha. EE.?UU., mientras tanto, no tiene ningún interés en apoyar a los reformistas.