ERA INEVITABLE. El cumplimiento del 25 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1978 será recordado como el final de un ciclo en el despliegue de la eficacia y de la capacidad reformadora de nuestro texto constitucional y en la apertura de una nueva etapa en su impulso modernizador. El cambio que se ha operado en España y en el Estado en este ciclo resulta espectacular. En el momento de redactar los primeros borradores de la Constitución muy pocos podían imaginar la profunda transformación sufrida por un Estado centralista, burocrático e ineficaz y su conversión en una España tan diferente. Algunos pronosticaron un compendio de grandes desastres país porque incorporaba el término «nacionalidades» al artículo 2 de la Constitución y se reconocía y garantizaba su derecho a la autonomía. No ha sido así. La Constitución ha sido eficaz y extraordinariamente útil para nuestra democracia. El propio éxito en su empeño modernizador y las consecuencias de la futura Constitución Europea -a pesar de las últimas dificultades- exige su puesta al día. La adecuación del Senado a la realidad territorial autonómica, inexistente en 1978, dotarse de los necesarios instrumentos de coordinación entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central, la posibilidad de transferir nuevas competencias a las administraciones autonómicas, su presencia en la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea en las cuestiones sobre las que tengan competencia exclusiva, y la puesta al día del sistema de financiación autonómica manteniendo los criterios de solidaridad interterritorial, constituyen objetivos llenos de lógica y sensatez. Vincular este nuevo ciclo constitucional con la voluntad inconfesada de intentar procesos de secesión es un disparate. Recordar al papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial de España y modificar el Código Penal -a través de una vía insólita- para poder castigar con prisión a algún presidente de Comunidad y de Parlamento autonómico, constituye un desatino. El clima político creado en los últimos quince días no debe perdurar. Hemos iniciado mal el debate. Porque la actitud cerrada del Gobierno del PP está provocando que la presión reformista se interprete como un conflicto, cuando en realidad se ha expresado a través de las urnas -Cataluña-, o por iniciativa de los gobiernos de las comunidades autónomas. Sería preferible que el impulso de las autonomías caminase al mismo ritmo que el comienzo de las reflexiones sobre la reforma constitucional por parte de los partidos políticos. De otro modo la reforma se puede convertir en una fractura peligrosa. Alguno está incomodo por las palabras del Rey al presidente del Parlament de Catalunya. Pero el Rey tiene razón: «hablando se entiende la gente».