LOS RESULTADOS de las elecciones al Parlamento de Cataluña acentúan la necesidad de abordar el debate autonómico. La propia lógica interna del desarrollo del Título VIII de la Constitución y los cambios que se han operado en la organización territorial del Estado exigen su puesta al día. Además, la presencia de España en la Unión Europea (UE) y la próxima aprobación de la Constitución de la UE obliga a armonizar nuestro texto fundamental con la nueva arquitectura política y jurídica europea. Y de la actitud y del talante de las formaciones políticas ante estos retos depende, en buena medida, el éxito o el fracaso de la empresa. La cuestión esencial no debería radicar en la conclusión práctica del proceso -reformar o no reformar la Constitución de 1978-, sino en buscar zonas de consenso que nos permitan identificar los problemas y sentar sobre bases sólidas el inicio de un nuevo ciclo en la conformación del Estado autonómico. En tales circunstancias resulta útil recuperar algunos de los consensos no escritos que explican el éxito del esfuerzo constituyente de 1978. La primera cuestión se refiere a la percepción de los nacionalismos y a su responsabilidad en el Estado democrático que nacía. Los nacionalismos desempeñaron una «función legitimadora» decisiva y su integración en el sistema político constituyó un objetivo irrenunciable. Por consiguiente, no se trataba de que fueran «tolerados» desde el centro, sino que definían la propia naturaleza del nuevo Estado, y, en consecuencia, no podían ser contemplados desde la sospecha política permanente. En segundo lugar, el Título VIII no definía un modelo de Estado con estación de llegada o cierre del proceso. Se regulan las vías de acceso a los niveles de autogobierno y se articula un sistema abierto y flexible (art. 150.2), cuyo desarrollo dependerá del impulso político. Así pues, el diálogo permanente entre las diferentes administraciones y la negociación política forma parte de la propia naturaleza de la organización política. Y las cosas han funcionado razonablemente bien durante veinticinco años. Rechazada radicalmente la violencia, todas las fuerzas políticas deben y pueden defender su idea de España. ¿Con qué legitimidad se proyecta una sombra de desconfianza sobre el nacionalismo gallego (BNG) o sobre un sector del nacionalismo catalán representado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)? ¿Podemos expulsar del sistema a los ciudadanos que apoyan a tales partidos? ¿Queremos incorporar nuevas formaciones políticas a la estructura política o generar dinámicas centrifugadoras? ¿Quién autoriza a Aznar a convertirse en el único interprete del impulso constituyente? ¿Quién decide que no se puede hablar con el lendakari Ibarretxe? ¿No será que a Aznar no le gusta la Constitución Española?