PODRÁ decirse y advertirse más fuerte, pero no más claro. La admisión a trámite por el Tribunal Supremo de EE. UU. de la demanda presentada por abogados de presos confinados en Guantánamo, por presunción de complicidad con el terrorismo islámico, es una alerta roja sobre la juridicidad de las prácticas seguidas al respecto por el Pentágono. Este Departamento y el conjunto de la actual Administración republicana sostenían el limbo jurídico en que se encuentran tales presos/prisioneros en un precedente de l950: referido a la detención en China de ciudadanos alemanes, sobre los que el alto tribunal resolvió que no tenían derecho a jurisdicción norteamericana. El paralelismo es fragmentario, traído por los pelos; y excepcional el caso aquel. No puede ser la excepción fuente de excepciones, porque se agota en su singularidad; la regla -la ley-, en cambio, sí las puede establecer y reconocer, puesto que las ordena en razón de principios que son permanentes. La deriva política de la Casa Blanca después de ll-S, puede explicar el empobrecimiento de sensibilidad que se advierte en ella respecto de las libertades y frente a las garantías que preservan determinados derechos individuales. Aquel acto terrorista puede explicarlo todo, pero no logra justificar nada. La cultura moral sobre la que está construida la Constitución norteamericana no es compatible con pretensiones así de los halcones de Washington. Tanto como la física, la moral y el derecho tienen horror al vacío. No caben limbos jurídicos ni agujeros negros, propios de los espacios galácticos. Por sumideros legales como Guantánamo se escapa el principio de justicia internacional. La sentencia del Tribunal Supemo tardará meses y caerá en medio de la campaña para las elecciones presidenciales norteamericanas. Es previsible una rectificación antes de que las cosas empeoren más de lo que están.