LA DECISIÓN está tomada: el jueves, recurso. El Gobierno le echa al Constitucional el hueso de Ibarretxe. Lo acordó el Consejo de Ministros, en contra de la opinión de importantes juristas, que entienden que una "propuesta" no es recurrible; que sólo se pueden recurrir normas ya aprobadas. Pero ha podido más la convicción ética del Gabinete, que expresó el ministro Michavila: el gobierno tiene el deber de defender la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. ¿Cabía otra posibilidad de actuación? Solamente dos. La primera, dejar que el Parlamento vasco debata y apruebe el Plan, y recurrirlo después. El éxito final estaría garantizado, porque el informe del Servicio Jurídico del Estado no deja lugar a dudas: estamos ante un proyecto que, Constitución en mano, no hay por dónde cogerlo. Como había adelantado José María Michavila, contiene por lo menos un centenar de vulneraciones de la Carta Magna. Y no es que violente esa norma. Es que la desconoce. Se ha redactado el Plan como si no existiera Constitución y el ordenamiento político y jurídico del Estado partiera de cero en el País Vasco. La segunda actuación posible era permitir que el Plan llegue al Congreso de los Diputados, en la seguridad de que será derrotado con los votos de los partidos Popular y Socialista. Para muchos constitucionalistas, ambas serían las opciones más políticas, menos censurables desde el nacionalismo y menos traumáticas en sus efectos inmediatos. Sin embargo, para el Consejo de Ministros, son opciones blandas, incompatibles con la gravedad del desafío que plantea el lendakari. Aznar, ya se sabe, no quiere soluciones blandas o que sean interpretadas en términos de debilidad o complacencia. La mayoría de la sociedad le aplaude, y me dicen que, desde el partido, Mariano Rajoy tiene la misma filosofía. La instrucción que tienen todos los ministros, cada uno en su ámbito, es aquella de «al nacionalismo ni agua». Un miembro del Gabinete me lo decía en otras palabras: «No dejaremos pasar ni una». Y así se está haciendo en todos los terrenos: en la circular sobre los escolares inmigrantes o en las legaciones autonómicas en el extranjero. Hay una duda de futuro que hemos anotado hace días: ¿hará el Parlamento vasco lo mismo que hizo con la sentencia de Batasuna? ¿Seguirá debatiendo el Plan hasta sus últimas consecuencias, aunque el Constitucional admita el recurso? Joseba Egíbar sugiere que sí, con lo cual tenemos nuevo conflicto a la vista. Y hay una duda de presente, alimentada por juristas, que es saber si el alto Tribunal admitirá a trámite el recurso. Se supone que el ministro de Justicia ha auscultado ese riesgo. Lo contrario sería una temeridad.