TODOS los propietarios de tierras y casas saben qué es el catastro, el censo de las fincas rústicas y urbanas, instrumento fundamental para la gestión de los impuestos que las gravan. Esta palabra, cuya etimología se remonta al griego, sólo tiene un pariente en el Diccionario, el adjetivo catastral, que se aplica a lo perteneciente o relativo al catastro. Pero la familia puede crecer en breve. Un informe periodístico pone sobre la mesa dos voces que a muchos sonarán a nuevas, el verbo catastrar («El Ministerio de Hacienda ha catastrado el suelo rural en España») y el sustantivo catastrador («Los catastradores han controlado más de dos millones de hectáreas»). De los usos se deduce que catastrar es 'hacer el catastro de un territorio' o 'incorporar fincas al catastro', y catastrador, la 'persona que catastra'. Catastrar ya está incluso en el Boletín Oficial del Estado . Por ejemplo, en una resolución donde se anuncia la ocupación de fincas para construir el corredor ferroviario Madrid-Mediterráneo, entre las que figura alguna «parcela sin catastrar». La Generalitat de Cataluña recoge catastrar en un glosario de terminología administrativa castellano-catalán y le da la equivalencia al catalán encadastrar, que el Gran diccionario de la llengua catalana define como «fer el cadastre d'una contrada, província, etc.». Aunque en España se está empleando catastrar, incluso en estudios del Ministerio de Hacienda, se ve con más profusión en América, donde se utiliza hasta con el significado de 'catalogar' cosas distintas de las fincas, como empresas o productos industriales; y también con el de 'registrar'. La utilidad que puede tener catastrar le garantiza un futuro, al que poco hay que objetar, pues no es ni un extranjerismo mal aclimatado ni un neologismo deforme.