EL PLENO del Congreso acaba de aprobar la Ley del Ruido, instrumento jurídico que pretende limitar y reducir la contaminación acústica, uno de los males de nuestra sociedad y que afecta a más del cincuenta por ciento de los habitantes de la Unión Europea. La ley, además de transponer una directiva comunitaria, prevé clausurar de forma definitiva o temporal cualquier empresa que incumpla los objetivos de calidad acústica fijados, negar licencias de construcción de viviendas, hospitales y escuelas cuando el lugar supere los niveles de máximo estrépito, y elaborar mapas de ruido en todo el territorio nacional que informarán sobre contaminación acústica calle a calle y fachada a fachada. Realmente no se entiende muy bien que entre estas medidas no figure la prohibición de que los vehículos incorporen el claxon o bocina en su equipamiento de serie, cuando su uso está prohibido en ciudades y travesías. Si en su día este artilugio tuvo su razón de ser y hasta su imperiosa necesidad para avisar a los caminantes de que se acercaba por los polvorientos caminos un artefacto a motor, y para ahuyentar a las gallinas y a las vacas que campaban por sus respetos en la trayectoria de aquellos viejos cacharros, no parece que ahora sea necesario tal aditamento. Más bien tendrían que incorporarlo los peatones para señalar su presencia. Tan ruidoso artilugio sobre ruedas sólo sirve para que los automovilistas lo hagan sonar sin descanso en las calles abarrotadas de nuestras ciudades, descargando adrenalina, mostrando su estrés, demostrando su enfado, enseñoreando su prepotencia, dando la matraca y elevando hasta dosis insoportables el ya de por sí insufrible alboroto que soportan los ciudadanos. A la algarabía del tráfico urbano, de la actividad ciudadana, de los motores, de los escapes libres y casi libres de las motocicletas, de las ambulancias, bomberos, policías y protección civil se suma el desafinado concierto de las bocinas a cualquier hora y en todos los sitios. Bueno sería que nuestros políticos enmendasen el olvido suprimiendo la obligación de que los fabricantes instalen este instrumento cuya inutilidad para otra cosa que no sea molestar al prójimo esta más que probada. Toda una generación de sordos está a las puertas del otorrinolaringólogo.