DE UN TIEMPO a esta parte se viene instalando entre nosotros el pesimismo que plasmó Ángel Ganivet en su Idearium español . En el conflicto por el islote Perejil, la oposición se puso de perfil y hasta remoloneó con Rabat, la opinión pública se resignó o miró para otro lado y los creadores de opinión se lo tomaron a chanza. En la inauguración del AVE Madrid-Lleida, lo único importante es que se ha hecho con casi un año de retraso, que su velocidad no es aún de 350 km/h, que no funcionan los teléfonos móviles dentro de los vagones y que no es seguro porque atraviesa una zona de dolinas (ahora todos somos expertos en este fenómeno geológico) que no ha sido tratada convenientemente, según la irresponsable y machacona manifestación del presidente del Colegio de Geólogos de Aragón, para quien, por lo visto, los estudios de las más renombradas empresas especializadas en este tipo de proyectos y las soluciones técnicas adoptadas por los mejores especialistas de España en la construcción de estas infraestructuras no garantizan la seguridad del trazado, hasta el punto de que él y su familia «no viajarán nunca en el AVE». Que este nuevo sistema de transporte suponga un esfuerzo económico colosal, revolucione las comunicaciones terrestres y contribuya a vertebrar España y Europa no parece importante o se diluye entre el ruido mediático de lo fútil. En los debates sobre la futura Constitución europea se defiende a Francia y a Alemania frente a los legítimos intereses de España y como decía recientemente Miquel Roca i Junyent, «los países más beneficiados por este nuevo reparto intentan convencer a España de que debe aceptar la propuesta para facilitar la aprobación del texto constitucional. Lógico. Lo que no resulta tan lógico es que desde España se presione al Gobierno para que ceda en sus pretensiones y acepte la propuesta que se contiene en el borrador del proyecto constitucional». Propuesta que otorga a España una representación que la discrimina por comparación con otros países. Y este asunto no es, en modo alguno, una minucia como demasiados pregonan. Se trata, ni más ni menos, que del reparto del poder en la Unión Europea y su posterior ejercicio. Y sobre ello no debería haber zancadillas ni dilaciones en los partidos políticos ni en la opinión pública.